Dos peritos de la Intervención General del Estado, uno de ellos adscrito a la Fiscalía Anticorrupción, ratificaron ayer ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, instructor de la causa, que las cuentas que presentó el Banco de Valencia en 2009 y 2010 «no reflejaban la imagen fiel del banco», según informó a este diario Diego Muñoz Cobo, abogado de Apabankval, la asociación de pequeños accionistas que inició las acciones judiciales contra la excúpula del banco poco después de que la entidad fuera intervenida por el FROB en noviembre de 2011.
Durante su declaración de ayer, los peritos recordaron que el Banco de España indicó en diciembre de 2010 a los responsables de la entidad financiera, cuyo consejero delegado era Domingo Parra, que había detectado un déficit de provisiones de 200 millones de euros «que no cubrieron como era su deber». Asimismo, señalaron que tampoco llevaron a cabo, por la desconfianza de su principal accionista, la Bankia de Rodrigo Rato, la prometida ampliación de capital que debía servir para restablecer la situación patrimonial. Los peritos, según Muñoz Cobo, también recordaron que las fichas con las operaciones crediticias que remitían los responsables del banco al supervisor «no eran claras y acabaron entorpeciendo la labor inspectora». Tan es así que después «salieron de ahí otros 222 millones en provisiones que era necesario hacer».
Junta
Frente a las acusaciones de las defensas, que trataron de cargar las culpas sobre el Banco de España, los peritos señalaron que la entidad tuvo en los primeros meses de 2011, hasta la junta de marzo de ese año, tiempo suficiente para modificar las cuentas del banco y apuntar los deterioros que se iban sucediendo, pero que no lo hizo, según Muñoz. También calificaron de «falso» que el supervisor tuviera alguna competencia para frenar o no el reparto de dividendo con autocartera que se propuso en 2011. Las declaraciones continuan el jueves. A partir de ese día comparecerán nueve peritos del Banco de España.
