Tras meses de desencuentros, los presidentes de las tres patronales provinciales de la Comunitat Valenciana y el de la autonómica Cierval alcanzaron ayer un pacto de caballeros para salvar de la quiebra el sistema de representación empresarial valenciano y buscar una solución que permita a todas las organizaciones seguir subsistiendo. Un principio de acuerdo que deberá hacerse oficial hoy y que, salvo sorpresa, supondrá que la junta directiva de la patronal autonómica votará a favor del convenio de acreedores propuesto por Coepa „que incluye una quita del 95% de su deuda„, lo que permitirá a la alicantina esquivar la liquidación.

Paralelamente, las cuatro organizaciones elaborarán un plan de viabilidad de Cierval que se sustentará en los ingresos a futuro que aporten las sectoriales y empresas que se asocien directamente a ella, una opción que hasta la fecha era muy criticada por los socios alicantinos y castellonenses, pero vital para hacer sostenible a la organización. La autonómica tendrá que contribuir con una reducción de costes en su ya ajustada estructura. La piedra de bóveda de todo el proyecto, no obstante, se encuentra en que la organización empresarial presidida por José Vicente González consiga de la Generalitat un aplazamiento en el pago de los cerca de 700.000 euros que debe devolver la patronal castellonense CEC por la gestión de los cursos de formación. La petición ya se ha cursado. Falta la respuesta.

Si es positiva, evitaría que Cierval entrara en concurso de acreedores el próximo enero y daría tiempo para poner en marcha el nuevo diseño. Descartado que la valenciana CEV absorba a Cierval, como se planteó inicialmente, la gran incógnita es cómo hacer frente a las deudas actuales y futuras „por la formación„ de la castellonense CEC, dado que la deuda que no abonará Coepa gracias a la resolución del concurso está provisionada.

Las fuentes consultadas dejan entrever que la solución pasaría, como hizo en su momento la CEV también por un caso de formación, por que los empresarios castellonenses hicieran una contribución y el resto se devolviera a la Generalitat mediante un crédito bancario a largo plazo del que se haría cargo Cierval.

Los ingresos a futuro de la autonómica provendrían sobre todo de las empresas directamente asociadas. Además, desde Coepa se ha propuesto ceder parte de los pagos que le corresponderían por la Ley de Participación Institucional „a los que tampoco puede aspirar por falta de personal para atender las obligaciones que estas ayudas comportan„ y analizar otras alternativas para contribuir al sostenimiento de la autonómica.