Los grandes beneficiados del portazo del Jurídic a los planes de Economía para limitar la libertad horaria son las grandes superficies y los centros comerciales. Pero son conscientes de que Economía volverá a intentarlo y quieren negociar una solución intermedia en la que tendrían que ceder. Obviamente, están en una posición de fuerza. Hoy disfrutan del mismo statu quo, con libertad horaria en toda la ciudad. Y la conselleria se ha topado con trabas legales cada vez que quiere imponer sus tesis.

«La valoración es de satisfacción. Alegamos en contra y el Jurídic nos da la razón. Vamos a esperar a la conselleria, pero tendemos la mano. La justicia cierra en falso los asuntos y pedimos un consenso que dé solución a largo plazo. Necesitamos certidumbre, certeza jurídica, no esta pendientes de una resolución, un juez o un político», valora Carlos Alfonso, portavoz de las grandes superficies (Anged).

Guillermo Stuyk, delegado en Valencia de la Asociación de Centros Comerciales, se congratula de que esta decisión deje «jurídicamente las cosas en su sitio». «Es un excelente momento para, con todos los implicados, llegar a un consenso que elimine la territorialidad como criterio para dar la libertad de aperturas», defiende.

En el pequeño comercio, sin embargo, reina la incertidumbre. «Un tema así no se puede tratar con procedimientos legales. Lo que tendremos que clarificar es que la ZGAT debe responder a la demanda de turistas. Si eso lo tenemos claro va a ser más fácil», reclama Amparo Barroso, de la patronal Covaco.

Desde Cecoval, Isabel Cosme se pregunta, tras el «voto de confianza» que dio a este plan del Consell, si hay plan b. «Estamos como cuando llegaron (los nuevos gobernantes), pero peor porque refuerzas que la via judicial les da razón. Ahora el debate está politizado y judicializado. Me preocupan los puestos de trabajo». Francesc Ferrer, de Unió Gremial, mantiene su apuesta por la limitación de aperturas: «La libertad sin condiciones lleva al desequilibrio en la libre competencia».

Y los pequeños comerciantes de Nuevo Centro, beneficiados por el mantenimientos de las actuales ZGAT, celebran la decisión, pero avisan: «Seguimos con la incertidumbre jurídica», dice su portavoz Vicente Dobón.