El rechazo del Consell Jurídic (CJC) a los planes del director general de Comercio, Natxo Costa, para poner coto a la libre apertura de grandes superficies los domingos y festivos, deja este debate en una situación de incertidumbre absoluta. Lo único cierto en estos momentos en que la Conselleria de Economía persiste, se reafirma en su voluntad de restringir la libertad horaria. Pero no se sabe ni cómo ni, sobre todo, cuándo.
El plan de Climent y Costa pasaba por decretar la nulidad de las actuales zonas de gran afluencia (ZGAT), las que declaró el PP en 2013, y que dan en la práctica libertad horaria en toda la ciudad. Era un escenario que permitía, según sus cálculos, crear un nuevo marco en pocas semanas. Las alternativas que se manejan ahora, sin embargo, pueden aplazar esa solución muchos meses. Tal vez toda la legislatura. Las grandes superficies y centros comerciales de la capital tienen el horizonte despejado para abrir los 365 días.
«Nuestra intención es respetar la legislación vigente, pero vamos a dar todos los pasos para cambiar y reducir al máximo posible la liberalización horaria», se reafirmó ayer el director general. El informe del Jurídic conocido ayer permite a Economía salvar la cara: «Nos da la razón en un tema fundamental: las zonas de gran afluencia turística que declaró el PP en Valencia y Alicante en 2013 se hicieron de manera irregular. Otra cosa es que el CJC considera que no es suficientemente grave el incumplimiento como para declarar la nulidad, y nos abre la puerta a que pidamos la anulabilidad, que es otro tema».
Ahí está el dilema ahora de la conselleria. ¿Qué hacer? Costa reconoce que tiene en cartera una «vía rápida» para intentar un golpe que les dé la iniciativa para deshacer el embrollo jurídico. «Se está estudiando», apunta. Pero a tenor de los antecedentes, con la Abogacía y el Jurídic tumbando sus planes dos veces en seis meses, quieren evitarse más pasos en falso.
Las otras dos vías son más complejas. Y largas. Son los «planes c y d» que Costa está estudiando. Se trata, en primer lugar, de la posibilidad de instar la «anulabilidad» de la declaración de aquellas zonas de gran afluencia. Es una posibilidad que abre el informe del Jurídic en su consideración octava. Es otra figura diferente a la «nulidad de pleno derecho» que se pedía, pero que solo puede lograrse por la vía contencioso-administrativo. O sea, embarcarse en proceso judicial largo y sin garantías de éxito.
La otra opción es directamente cambiar la legislación para definir el procedimiento de modificación de las ZAGT y que un nuevo cambio, como el que hizo Ribó al pasar de cinco a solo dos zonas, no sea recurrible. Ambos procesos dilatarían en el tiempo la incertidumbre y se perpetuaría el actual statu quo de libertad total de aperturas.
Ribó y Puig meten presión
En ese contexto, el alcalde Ribó exigió al conseller «una solución estable jurídicamente». El ayuntamiento, de momento, esperará a que Comercio decida los pasos a seguir. Por su parte, el presidente Puig reclamó buscar la solución no en las vías jurídicas sino en «el diálogo y el acuerdo». El debate comienza a generar desgaste político.
