Aún está circulando en el sector del comercio el informe del Consell Jurídic Consultiu que frustra las posibilidades de la Conselleria de Economía para diseñar un esquema de libertad horaria a su imagen, y el conseller Rafa Climent ya ha puesto en marcha el plan b.

En realidad, será el c. En el último año, los dos intentos para reducir la apertura en festivos de las grandes superficies han terminado frustrados por la Abogacía de la Generalitat y por el CJC al no ajustarse a criterios jurídicos.

El conseller Rafa Climent criticó ante los medios «el maremagnum legal provocado por el PP valenciano y por la ley estatal de zonas de gran afluencia turística». Desde el cambio de gobierno, los dirigentes de Compromís han intentado recortar la libertad horaria en la capital. Primero cambiar las cinco zonas que dibujó el PP por dos, en el centro de la ciudad y el entorno de la Ciutat de les Ciències. Pero el procedimiento estuvo mal hecho porque no se dio voz a los operadores que perdían la capacidad de abrir en domingos y festivos, como el centro comercial Arena o Nuevo Centro.

Tras el fiasco, que provocó una crisis con el PSPV, el director general de Comercio trató de declarar nulas esas zonas atendiendo a que cuando se declararon, tampoco hubo un procedimiento de audiencia previa. Pero esta vez el Jurídic ha vuelto a tumbar el plan.

La conselleria, ahora, quiere volver a la mesa de negociación. Ayer Natxo Costa ya estuvo reunido con las patronales del pequeño comercio Unió Gremial y Covaco, así como los sindicatos UGT y CC OO. El conseller Climent va a implicarse personalmente en las negociaciones y va a convocar en unos días a la patronal de grandes superficies Anged. Pretende alcanzar un acuerdo global, para toda la Comunitat Valenciana y que deje al margen los tribunales. El problema no solo está en Valencia y Alicante. En todo el área metropolitana de Valencia hay grandes operadores que no pueden abrir en domingo y sufren agravio comparativo.

En año y medio de cambio político no solo no han conseguido revertir la liberalización de horarios contra la que claman pequeños comerciantes y sindicatos, sino que siguen cayendo sentencias judiciales que complican aún más el debate.

Climent pretende convencer a los centros comerciales y operadores de las grandes superficies de que renuncien a parte de esa libertad que hoy por hoy tienen blindada gracias a leyes y sentencias. Y su único as en la manga es la amenaza de acudir a un proceso contencioso administrativo para intentar, sin garantía de éxito y en un proceso muy lento, que las actuales ZGAT sean anuladas: «Lo estamos estudiando», avisan.