Esta licencia de ocupación objeto de la disputa entre dos colectivos profesionales como los arquitectos y los ingenieros industriales está regulada por la ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (Lofce), del la Generalitat.
Es obligatoria una vez concluida la obra, y también una licencia de segunda o posterior ocupación cuando se vende la propiedad diez años después de la primera licencia (o sea necesarios formalizar un nuevo contrato de suministro de agua, gas o electricidad), así como siempre que se ejecuten determinadas obras de edificación.
Para obtener licencias de segunda ocupación, el propietario debe pedirla al ayuntamiento, «aportando un certificado del facultativo competente por el que se acredite que el edificio se ajusta a las condiciones que supusieron el otorgamiento de la primera o anterior licencia de ocupación a la que se solicita».
Para realizar estas tareas, las administraciones solo están aceptando la firma de arquitectos. Las autoridades de Competencia se oponen: «Si el legislador hubiera querido reservarlo a arquitectos, lo habría hecho como lo hace expresamente en relación a la construcción de edificios residenciales de nueva planta. [...] Y no lo hace porque no estaría justificado. No se trata de redactar un proyecto de edificación o dirigir su ejecución, sino de comprobar que lo ejecutado no ha alterado lo proyectado».
