24 de noviembre de 2016
24.11.2016

La multa de la CNMC a patronales del transporte pone en riesgo su patrimonio

Las 50 consignatarias y 70 transitarias del puerto esperan que se rebaje la sanción

24.11.2016 | 21:52

El varapalo del Tribunal Supremo al sector del transporte del Puerto de Valencia, que ratifica la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de multar con unos 42 millones de euros a varias asociaciones relacionadas con el negocio del movimiento de contenedores «por acuerdos para fijar los precios y repartirse el mercado en colaboración con la Autoridad Portuaria de Valencia y la conselleria de Infraestructuras», pone en riesgo el patrimonio de estas asociaciones ante la elevada sanción. Algunas patronales, consultadas ayer por Levante-EMV, ya se plantean acudir al amparo del Tribunal Constitucional para evitar este elevado desembolso y aseguran que no tienen recursos económicos para hacer frente a la citada multa de Competencia.

El Supremo ha confirmado la sanción para quienes debían pagar más de 600.000 euros mientras deja al margen a los grandes operadores del Puerto al permitirles acogerse a sentencias favorables de la Audiencia Nacional. Se trata de MSC, Noatum y MSC, así como a la patronal valenciana del transporte FVET y a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Por el contrario, el alto tribunal confirma el castigo previsto en la resolución que la CNMC impuso a la Asociación Naviera Valenciana, multada con 3,03 millones; 13,1 millones tiene Ateia-Oltra; 12,6 millones impone a ELTC (Asociación de Empresas de Logística de Contenedores); mientras que hay otros 3 millones para Transcont (autónomos) y 9,9 millones para otras organización de transporte por carretera, Transconval.

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en su sentencia sobre la Asociación Naviera, asegura que esta patronal «ha contribuido con su comportamiento cooperativo a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por los participantes en el cártel promovido por ELTC, Transcont y Transconval». Y añade que «ha quedado demostrada su participación de forma directa o indirecta en la formalización de acuerdos anticompetitivos, consistentes en la fijación de tarifas y otras condiciones contractuales aplicables a la prestación de los servicios de transporte de contenedores por carretera con origen o destino en el puerto de Valencia».

El gerente de la patronal naviera valenciana, Antonio Crespo, aseguró ayer a este diario que la junta directiva de esta organización, que defiende los intereses de 7 firmas estibadoras y 51 compañías consignatarias que operan en el recinto del Grao, se reunirá la semana que viene «para analizar la situación». Crespo comentó que el servicio jurídico de la naviera «estudiará todas las alternativas, incluido el recurso al Constitucional, dada la sanción desmesurada y que no tiene precedentes en otros puertos de España». En su opinión, «somos víctimas y no existen razones para esta multa que supera los tres millones de euros».

En parecidos términos, el presidente de Ateia, Luis Rosa, entidad que agrupa a unas setenta pymes transitarias valencianas, sostiene que la organización profesional «estudia un posible recurso ante el Constitucional y espera que el expediente vuelva a Competencia para conocer la sanción final».

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