Los exempleados afectados por el ERE que Feria Valencia aplicó en 2011 —fueron 106, aunque solo 22 denunciaron el expediente ante la Justicia— pretenden ejercer contra la Generalitat una acción por «responsabilidad patrimonial» y exigir que les indemnice. El principal motivo por el que el TSJ valenciano ha anulado el ERE es que la Dirección General de Trabajo, entonces comandada por Román Ceballos, aprobó el ERE antes de recibir el informe de la Inspección de Trabajo. Por tanto, según el abogado de algunos de esos extrabajadores, Guillermo Llago, cuando la sentencia sea firme —primero el TSJ debe aclarar las consecuencias de su resolución, luego ver si la Feria presenta un recurso de casación ante el Supremo y finalmente esperar la decisión de este tribunal— los afectados pedirán daños y perjuicios a la Generalitat en un cantidad que todavía es difícil de cuantificar porque habrá que evaluar «caso a caso». j. c. valencia
