El Gobierno central no quiere que la policía autonómica asuma mayores competencias para combatir la lacra de la economía sumergida que, según las estimaciones de los sindicatos, emplea a más de 200.000 personas en toda la Comunidad. Al menos así lo aseguran desde la Conselleria de Economía, que denuncian la negativa del Ministerio de Empleo a conceder atribuciones en materia laboral a estos agentes, tal y como había planteado la Generalitat con el objetivo de multiplicar el numero de actuaciones que se realizan para detectar a trabajadores sin contrato y otro tipo de infracciones similares.
En concreto, el Consell quería aprovechar la renovación del convenio por el que se rige el funcionamiento de la Inspección de Trabajo en la Comunidad -una renovación obligada por los cambios que se introdujeron en la legislación el año pasado- para que se reconociera a los policías autonómicos como «autoridad» en materia laboral. Un cambio que permitiría que las actas que levantaran los agentes fueran testimonio suficiente para que se iniciara el pertinente expediente y se sancionara a las empresas incumplidoras.
Hasta ahora, si los agentes no van acompañados de un inspector de Trabajo, su actuación no tiene efectos administrativos y sólo sirve si la infracción cometida es tan grave que tiene consecuencias penales, lo que sólo ocurre en un número de casos muy pequeño. Esto obliga en la práctica a que policías e inspectores deban ir de la mano cada vez que se produce alguna operación.
Según defienden desde la Conselleria, los cambios propuestos habrían permitido multiplicar el número de actuaciones específicas contra la explotación laboral y también que los casos de economía sumergida que se detectan en el transcurso del resto de actividades que desempeñan los agentes no queden impunes, como puede ocurrir en estos momentos.
Además, desde el Ejecutivo autonómico aseguran que estas nuevas atribuciones para la policía autonómica tienen perfecto encaje legal en la nueva ley que regula la Inspección de Trabajo desde el año pasado.
Fue el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien anunció en las Cortes el pasado julio que la policía autonómica incorporaría a sus atribuciones la lucha contra la economía sumergida. Entonces, la Generalitat y el Ministerio de Empleo ya llevaban varios meses trabajando en el asunto y se habían intercambiado varios borradores.
