Gobierno y PSOE, sin la participación conocida de sindicatos y patronal, han llegado a uno de sus primeros acuerdos de legislatura por el cual se ha determinado un techo de gasto y un aumento del salario mínimo. A partir de ahí, dos pasos necesarios: los objetivos de déficit de las comunidades autónomas para el trienio 2017-2019 y la aprobación de los Presupuestos de la Administración Central para 2017, cuya presentación se va a retrasar hasta finales de enero o principios de febrero, por lo que de momento se realizará una prórroga de los presupuestos de 2016, lo que obliga a esperar al menos dos meses para disponer de información sobre la que valorar la política fiscal de 2017, aunque se puede esperar que contribuya a cierta moderación en el crecimiento económico del próximo año.
En España, el déficit del sector público apenas muestra reducción en lo que llevamos de 2016 comparado con el pasado año y así el déficit consolidado de las administraciones públicas (sin corporaciones locales ni ayudas a instituciones financieras) hasta agosto era el 3,3% frente al 3,4% en el mismo periodo de 2015.
Tanto el Estado como la Seguridad Social están por encima de sus objetivos de déficit. En el primer caso es resultado de la caída en la recaudación tributaria (-1,7% hasta septiembre) tras la reforma de la imposición directa del pasado año. En el segundo, la causa está en el desfase entre las cotizaciones sociales y los gastos del sistema, que pone de relieve un déficit estructural, problema cada vez más urgente a la vista del progresivo agotamiento del Fondo de Reserva (que en lo últimos años acomodó el déficit de ingresos).
El saldo agregado de comunidades autónomas (CCAA) hasta agosto estaba en equilibrio, gracias a que han recibido el ingreso por la liquidación definitiva del Sistema de Financiación Autonómica de 2014. No obstante, existen importantes diferencias entre CCAA, pues habría dos de ellas que ya incumplirían el objetivo de déficit del año.
Todo esto refleja que en 2016, la política fiscal está siendo expansiva. El objetivo de déficit de las AAPP en 2016 se cumplirá, pero tras haberlo elevado del 2,8% a 4,6% del PIB. Si además tenemos en cuenta la caída de los gastos por intereses, el déficit estructural primario subirá en 1 punto porcentual, lo que significa que el impacto de la política fiscal en el crecimiento del PIB estará en torno a los 0,6 puntos porcentuales.
El diseño de la política fiscal de 2017 va a suponer un importante reto económico, por el ajuste necesario en el déficit estructural, y también político, por estar el gobierno en minoría.
El objetivo de déficit establecido por Bruselas (3,1% del PIB) significa que la política fiscal debería adoptar un sesgo restrictivo, ya que la expansión económica será insuficiente para bajarlo hasta dicho nivel. El ajuste fiscal necesario con los compromisos actuales es muy relevante. Medido en términos de reducción del déficit estructural, oscila entre los 5.800 millones que se derivarían de las cifras del gobierno (Plan Presupuestario enviado a Bruselas en octubre) y los 8.000 millones que se calcula con datos de la Comisión (a partir de sus previsiones de otoño).
Es posible que la Comisión, finalmente, rebaje la presión sobre España, ya que ésta ha recomendado que la política fiscal en el área euro tenga una orientación expansiva en 2017. No obstante, tal recomendación no se refería a España, sino a países como Alemania u Holanda. Además, dado el elevado déficit público español y el incumplimiento de los objetivos en los últimos dos años, es difícil que acepte algo que no sea al menos levemente restrictivo.
Dados los condicionales políticos internos, en los Presupuestos de 2017 es de esperar que se recojan propuestas de los partidos que apoyan al gobierno, las cuales implican aumento del gasto. Por ello resultaría inevitable tomar medidas que aumenten los ingresos. El gobierno ha decidido modificar al alza ciertos impuestos especiales y el impuesto de sociedades por la vía de recortar las deducciones y exenciones, si bien aún no se puede valorar si será suficiente.
