La vía política ha quedado definitivamente enterrada para Puerto Mediterráneo, el megaproyecto de Paterna que ha sido tumbado por la Generalitat al recibir el veredicto desfavorable de la Comisión de Evaluación Ambiental. El asunto ya está en los tribunales.

El promotor, el grupo británico IntuEurofund, acudió ayer al juez después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta Mónica Oltra no hayan atendido la petición de una reunión que los inversores británicos han presentado en el Palau para tratar de reconducir el proyecto.

Concretamente, han presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso del TSJ contra la resolución de la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, que pone fin a la actuación territorial estratégica Puerto Mediterráneo, en Paterna. Se trata de un complejo comercial y de ocio de un millón de metros cuadrados y 800 millones de inversión, que lleva cinco años de tramitación, pero que fue rechazado en septiembre, atendiendo a criterios medioambientales y al incumplimiento de normativa de carreteras.

El recurso se basa en las alegaciones que ya fueron enviadas a la conselleria de Obras Públicas. «La Comisión de Evaluación Ambiental ha emitido un acuerdo erróneo y arbitrario desde el punto de vista jurídico, vulnerando los principios de seguridad jurídica y confianza legítima con la Administración», sostenía el promotor, que contaba con medio centenar de informes favorables.

IntuEurofund entiende que la decisión «no está sujeta a Derecho» y confía en que el juez anule el fin de la ATE. Lo hace con la expectativa de no tener que empezar el proyecto de cero, como le insta el Consell, y mantener vigentes los informes recabados desde 2012.

Como viene contando este diario, Intu Eurofund ha criticado desde el primer momento «la falta de rigor técnico y jurídico» de la memoria ambiental. De hecho, ha dedicado las últimas semanas a cuestionar punto por punto los principales argumentos en los que la Comisión de Evaluación Ambiental, formada por técnicos y altos cargos de Medio Ambiente y Obras Públicas, basó su informe desfavorable.

Lo hizo respecto a la Confederación Hidrográfica del Júcar, después de que Medio Ambiente alegara que el proyecto ponía en riesgo el abastecimiento humano. Dos informes de la CHJ garantizan que las demandas «pueden ser atendidas» con el plan propuesto.

Otro aspecto controvertido ha sido el informe de carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, el argumento definitivo para tumbar el proyecto. Puerto Mediterráneo contemplaba únicamente 50 metros como zona de protección en la carretera CV 35, colindante con la infraestructura. Frente a esto, Obras Públicas dio un informe negativo al entender que esa carretera exige cien metros de zona de reserva, en aplicación de la normativa general.

Sin embargo, como contó Levante-EMV, a esa carretera debe aplicársele el todavía vigente II Plan de Carreteras, que obliga a un mínimo de 50 metros, no de cien. Una sentencia del TSJ de 2009 confirma la vigencia de ese plan.