La campaña de la Agencia Valencia de Turismo contra la proliferación de viviendas turísticas ilegales no se limita al procedimiento sancionador abierto contra Airbnb, el buque insignia del nuevo fenómeno de la economía colaborativa en el ámbito del alojamiento. Otras seis plataformas on line que se dedican a hacer de intermediarios entre propietarios de pisos y turistas de corta estancia son objeto en estos momentos de un procedimiento sancionador por incluir en su oferta viviendas no inscritas en el registro de turismo de la Comunitat Valenciana.

Así lo confirman ayer desde la Agencia Valenciana de Turismo. Se trata del resultado del expediente informativo abierto a principios de 2016. Tras un año de negociaciones, reuniones y aplazamientos para pactar medidas e introducir cambios en estas páginas web, la AVT se ha cansado de esperar y ha convertido dicho expediente en un procedimiento sancionador.

En total, las siete plataformas señaladas se enfrentan a sanciones de entre 6.000 y 30.000 euros. El cómputo global eleva las posibles sanciones hasta los 210.000 euros en total. Una cantidad menor, sobre todo si se compara con los 600.000 euros con que el Ayuntamiento de Barcelona ha multado recientemente a Airbnb. Pero una señal de que la AVT está dispuesta a poner coto al crecimiento descontrolado de este fenómeno, que se ve como una competencia desleal de los establecimientos reglados.

Se cansaron de esperar en diciembre

Según apuntan fuentes de la Generalitat, estas resoluciones se han tomado de forma escalonada durante este pasado diciembre tras constatar que las diferentes plataformas han «obviado» los requerimientos para limpiar su oferta de viviendas sin registrar. En paralelo, la AVT está desarrollando campañas de inspección para aflorar viviendas clandestinas y frenar la economía sumergida.

La previsión marca ahora que entre febrero y marzo se resolverán estos expedientes. Algunas empresas están recibiendo todavía la notificación; otras están presentado alegaciones. Una vez esté la resolución, las plataformas podrán recurrir la decisión bien en alzada ante la propia administración o a través de los tribunales mediante un recurso contencioso-administrativo.

En términos generales, las empresas lamentan que se ponga el foco en ellas, ya que según defienden sus plataformas no prestan un servicio de alojamiento, sino información, seguros y una pasarela de pago protegida.

De un modo u otro, el procedimiento de la Agencia Valenciana de Turismo y las tres multas que ha recibido Airbnb en Cataluña (dos del Govern y la más reciente del Ayuntamiento de Barcelona) han convertido a España en el país del mundo más beligerantes contra este tipo de plataformas. Con todo, el vacío legal complica también las actuaciones de las administraciones.

Solo intermediación tecnológica

Airbnb, precisamente, acaba de obtener una sentencia favorable de un juez de Barcelona contra la multa que interpuso la Generalitat a la web por ofrecer apartamentos de forma ilegal. El juez ha sentenciado que la plataforma sí intermedia, pero como una mera pasarela tecnológica, y no como agente turístico. Y añade: «Ofrecer intermediación no está anudado a la exigencia de una habilitación turística específica que haya sido identificada por la administración», según publicó El Confidencial.