Hartos de las deudas ajenas y de las constantes trabas, los dirigentes de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) lanzaron ayer un órdago a sus homólogos de Alicante y Castelló de tan difícil cumplimiento que en la práctica hace inviable la supervivencia de la patronal autonómica Cierval, en preconcurso de acreedores desde el pasado diciembre. El comité ejecutivo y la junta directiva de la organización dieron apoyo unánime a las decisiones que tomen sus representantes en las negociaciones para tratar de salvar a la autonómica, pero impusieron unas condiciones «irrenunciables» que se antojan irreales a estas alturas, estando como está la castellonense CEC al borde de la liquidación y la alicantina Coepa recién salida de un concurso que la ha dejado temblando pese a lograr una quita del 95 % en sus deudas con Cierval.

En primer lugar, la CEV exige que antes del 27 de febrero, cuando se cumple el plazo máximo, las tres provinciales deberán abonar a la Generalitat el dinero que esta les reclama por un expediente sobre prevención de riesgos laborales entre los años 2008 y 2010. La CEV debe devolver 238.164 euros, que ya tiene provisionados, pero a la CEC le corresponden 174.790 y a la Coepa, 151.869. Ninguna de las dos dispone de esos recursos.

Además, las tres «deben comprometerse, mediante documento público, a satisfacer o presentar aval bancario sobre las cantidades que pudieran ser requeridas por la Administración en relación a los expedientes en curso», referidos a la formación y que afectan sobre todo a Castelló, con unos dos millones en deudas. También ante «posibles requerimientos» futuros. Asimismo, las fundadoras de Cierval deben «contemplar el reintegro vinculado a las subvenciones si así lo exige la Administración, así como la responsabilidad civil que pudiera derivarse de ilícitos penales», un factor este último que implica a la CEC, investigada por su gestión de la formación.

Todo esto en relación a la deudas. En cuanto a los ingresos que deben garantizar la sostenibilidad de la Cierval, la CEV aclara en el comunicado emitido ayer tras la reunión de sus órganos de gobierno que los fondos a recibir por la Ley de Participación Institucional deben destinarse «al fin para el que fueron aprobados», en lo que parece un aviso para navegantes dirigido a los empresarios alicantinos. Asimismo, insiste en que, «sobre la base de ese compromiso previo» sobre la deuda, debe ejecutarse la reforma de los estatutos de la autonómica, que debe sustanciarse en permitir que las empresas y las sectoriales se asocien directamente a la Cierval para abonar cuotas. Esta última es una condición a la que se oponen de manera especial los dirigentes alicantinos.

Las exigencias formuladas ayer por la CEV transmiten la impresión de que la patronal provincial piensa más a estas alturas en un futuro en el que Cierval no estará. Sin un acuerdo, la autonómica tendrá que ir a concurso en marzo y probablemente acabe en liquidación. Tampoco tiene más opciones si alicantinos y castellonenses siguen poniendo obstáculos y no asumen que sus penurias no les dejan margen. Ante una eventual liquidación de Cierval, la administración valenciana abrirá un expediente en el que exigirá a los socios de la autonómica que reintegren las deudas que tengan contraídas con ella por la parte que gestionaron de fondos otorgados a la autonómica como organización cúpula. En ese supuesto, la CEV apenas se vería afectada, pero aún así está lo suficientemente saneada como para poder responder financieramente.

Es por ello que la organización rechazó hace unos meses la opción de fusionarse con Cierval en lo que iba a ser una absorción. En ese caso, habría tenido que asumir todas las deudas de esta y sus provinciales, lo que hubiera acabado también con ella. Así las cosas, la supervivencia de la CEV, vistas las deudas y el escaso compromiso de Coepa y la CEC, pasa por dejar caer a Cierval y tratar de refundar el entramado empresarial autonómico desde la provincial valenciana.