La gestión de cursos de formación por parte de la patronal castellonense CEC es un suma y sigue de irregularidades que parece no tener fin. La fiscalía de delitos económicos ha iniciado una investigación sobre los fondos públicos que dicha organización percibió para ejecutar acciones formativas en 2011 en vista de que los cursos se realizaron, la administración valenciana liberó el dinero correspondiente, pero las empresas que realizaron el servicio siguen sin cobrar porque la CEC, excusa tras excusa, no les paga. ¿Dónde está ese dinero? Es la pregunta que casi todos los implicados se hacen. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que este es el cuarto caso de formación de la CEC que acaba en manos de la Justicia, dado que un juzgado de Nules investiga las irregularidades de los ejercicios 2009-2010, 2012 y 2014. Por esas causas están imputados, entre otros, el exsecretario general de la CEC, Rafael Montero, y la patronal autonómica Cierval, que, como organización cúpula, era la que recibía los fondos para distribuirlos entre sus tres provinciales.
La conselleria de Economía Sostenible confirmó ayer a este diario que ha abierto un procedimiento por este caso y que lo remitió a la fiscalía, que, a su vez, se ha dirigido a las organizaciones patronales para ratificar que la Generalitat ha liberado los fondos. La acción de ambas deriva de un escrito presentado ante el Servicio Valenciano de Empleo y Formación por dos academias castellonenses „Multioficios Formación, S. L. y Espinós y Paradís, S.L.„ que habían realizado cursos de informática, idiomas y oficios en 2011 para la CEC.
Cursos de 2011
Según las fuentes empresariales próximas a ambas firmas consultadas por este diario, las dos habían trabajado para la patronal castellonense en años anteriores sin más problemas que el habitual retraso de aproximadamente diez meses en cobrar por el servicio prestado. El problema se produjo en los cursos ejecutados en 2011, cuando un año más tarde la CEC empezó a darles largas respecto al pago de la deuda, de 130.520 y 32.500 euros, respectivamente. La principal excusa esgrimida por la CEC para justificar los impagos es que existía un recursos contencioso-administrativo que tenía paralizados esos fondos. En otras ocasiones, argumentó que había gastado el dinero.
Los propietarios de las dos academias fueron citados a declarar como testigos por el juez de Nules que instruye las otras causas contra la CEC. Ahí fue cuando ambos decidieron, según las fuentes consultadas, aunar esfuerzos para intentar averiguar qué estaba pasando con su dinero. Así que decidieron presentar un escrito ante el Servef en 2014 para que les aclarara la situación. La respuesta de este organismo de la Generalitat fue negar la existencia del recurso contencioso-administrativo, confirmar que había abonado a la Cierval, tal como corresponde, el dinero que había justificado la CEC y que esta aseguraba que no debía nada a sus subcontratas. Tras recibir el escrito, el Servef dio traslado del mismo a la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Valencia. Como aseguraban las fuentes consultadas, estaríamos ante un caso de cursos que se han realizado pero que no se han pagado, mientras que los que investiga el juzgado de Nules es por formación que se ha cobrado de la Generalitat pero no se ha ejecutado convenientemente.
Reconocimiento
Pese a la respuesta de la CEC al Servef, los afectados se dirigieron a la patronal castellonense y lograron que esta les hiciera por escrito un reconocimiento de la deuda contraída con ellos. También hablaron con los auditores de la organización de Castelló, quienes les confirmaron que no tenían constancia de ninguna factura y que sí estaba contabilizado el ingreso, aunque desconocían a dónde había ido a parar el dinero, según las fuentes consultadas.
Las mismas fuentes indicaron tener constancia de al menos otros cinco centros formativos „alguno de los cuales también ha presentado un escrito ante el Servef„ a los que la CEC adeuda el dinero de la formación prestada para ella en 2011. El importe global de la deuda con estas cinco academias podría rondar entre los 150.000 y los 200.000 euros.
Lo más sorprendente de este caso es que al menos las dos empresas inicialmente denunciantes siguieron trabajando para la patronal castellonense en acciones formativas de años posteriores y en esos casos sí cobraron.
