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Control

Dos funcionarios velan por la libre competencia frente los 40 de Andalucía

El órgano autónomo que depende de Economía tiene un presidente y dos vocales que no cobran y solo pueden abordar los informes en su tiempo libre

La batalla entre el taxi y Uber esuna de las mayores polémicas de competencia. carme ripollés

En un momento en que los nuevos retos regulatorios o derivados de la economía colaborativa han secuestrado las portadas de los medios „sistema de envases SDDR, gasolineras desatendidas, viviendas turísticas, apertura de los comercios en festivos, etc„, un organismo que tiene mucho que decir sobre ello pervive casi por la vocación de sus responsables.

La Comisión de Defensa de la Competencia de la C. Valenciana se encuentra en una situación de precariedad absoluta de recursos económicos y humanos que se agrava más aún si se compara con otras autonomías. Solo dos de los aproximadamente 2.000 empleados adscritos a la Conselleria de Economía se encargan de la instrucción de expedientes para este organismo, que además de hacer informes tiene la misión de detectar y sancionar cárteles, esto es, los acuerdos entre empresas para fijar precios, pactar condiciones o abusar de posiciones de dominio. Andalucía, por ejemplo, tiene 40 funcionarios que trabajan esta materia.

En cuanto a la parte resolutoria de la comisión, la situación no es mucho mejor. Un presidente, Francisco González Castilla, y dos vocales (los tres profesores de Derecho en la UV), sin dedicación exclusiva ni retribución salvo un indemnización simbólica por resolución.

Muchos recursos con poco gasto

En la mayoría de autonomías, como Andalucía, Euskadi, Galicia o Cataluña, tienen al menos al presidente en exclusiva, que puede dedicarse a impulsar el trabajo y la promoción del derecho de competencia, además de una estructura mucho más amplia.

Aquí todo depende del tiempo libre y el voluntarismo de los tres responsables. Solo se reúnen una vez al mes. En todo caso, durante el último mandato han dictado 48 actos, 35 de los cuales son resoluciones.

El caso de la Autoridad Vasca de la Competencia se plantea como el ideal: una autoridad independiente, con personalidad jurídica propia, funcionarios y miembros que rinden cuentas en su parlamento. Sus vocales tienen dedicación exclusiva y consideración de altos cargos. Todo con un presupuesto de apenas 1,2 millones. Andalucía destina 2,8 millones a su Agencia de Defensa de la competencia. Además, informa sobre los proyectos legislativos del gobierno. La Autoritat Catalana Cataluña tiene 17 funcionarios y un organigrama con ocho cargos. Dispone de 1,46 millones de presupuesto.

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