La Conselleria de Economía presenta esta mañana a sindicatos, discapacitados, colectivos de estaciones de servicio y la asociación de gasolineras automatizadas (las nuevas low cost que funcionan sin personal) el borrador definitivo de la nueva normativa que regulará la prestación de este servicio.
El asunto, en principio una cuestión de consumo ligada a la prestación del servicio de gasolina al colectivo de discapacitados, ha terminado por convertirse en un debate entre las estaciones de servicio tradicionales y las nuevas formas de economía ligadas a los avances tecnológicos, que permiten al usuario ponerse el combustible y pagar sin presencia de personal. En medio de los intereses cruzados, el director general de Comercio, Natxo Costa.
Tras semanas de propuestas y alegaciones, el borrador del proyecto de resolución establece que todas las gasolineras urbanas deberán estar atendidas entre las seis de la mañana y las diez de la noche. No habrá excepciones. El objetivo de esta obligación es que los discapacitados puedan ser atendidos.
Las gasolineras, las de toda la vida o las automatizadas, únicamente podrán acogerse a una pequeña variación: en la franja entra las 4 de la mañana y las 12 de la noche podrán fijar sus 16 horas de atención ininterrumpida.
En las últimas semanas se había especulado con que las estaciones pudieran acogerse a un régimen de teleasistencia. Es decir, que pudieran no tener a nadie presente siempre que un encargado pudiera personarse en menos de 15 minutos. Finalmente, esa teleasistencia solo se permitirá a las gasolineras de entornos rurales que cumplan algunas condiciones (estén lejos de grandes carreteras; sea una pyme o micropyme, estén muy lejos de otra gasolinera) y siempre que puedan personarse en menos de diez minutos, no quince. Para estos casos, además, el periodo de atención será solo de ocho horas.
Con esta propuesta, la dirección general de Comercio pretende proteger las pequeñas gasolineras de las cooperativas agrarias. El debate, de hecho, tiene muchas aristas. La conselleria teme que una norma general sobre atención a discapacitados pueda obligar a cerrar una pequeña cooperativa y dejar sin servicio a núcleos rurales.
Resulta fácil aventurar, en todo caso, que las nuevas gasolineras automatizadas no se conformarán con esta norma, en un contexto en que la UE o las autoridades de competencia están presionando a favor de las nuevas formas de economía colaborativa. La batalla judicial parece inevitable.
