El arranque de la semana ha vuelto a calentar el debate de la factura de la luz, en plena ola de frío en España. Ayer se mantenía los niveles el precio de la luz (83,85 euros por megavatio hora -MWh-, la unidad de medida), la tercera más alta en lo que va de año. El pool eléctrico tenía previsto llegar anoche a a un máximo de 97,67 euros por MWh, lo más elevado desde diciembre de 2013. Este precio, que es responsable de una tercera parte de la factura, ha producido un incremento del 32% del recibo en un año.
Además de la indignación ciudadana, el incremento ha generado un debate sobre la fijación y control de los precios de la luz. Incluso la Fiscalía del Supremo ha abierto una investigación para aclarar la subida del precio en los días de más frío del año.
¿Cuáles son los motivos? «Durante la semana pasada se ha producido una conjunción de factores que han motivado un fuerte incremento: escaso viento ha motivado una baja producción eólica, escasa producción solar, baja producción hidráulica por bajo nivel de los embalses, alto precio del gas natural», explica el ingeniero industrial Roberto Gómez-Calvet, profesor de Economía de la Universidad Europea de Valencia.
Esto, unido al frío y también a la mayor demanda de energía por parte de Francia por paradas técnicas en plantas nucleares, así como a la imposibilidad de suministro desde Francia, ha disparado el precio de la energía en el mercado mayorista.
Con el marco regulatorio actual, «es imposible predecir los precios», valora el experto. Las causas fluctúan en función de la oferta y demanda. «No obstante, el sistema ha demostrado que no es perfecto y que transfiere excesiva volatilidad a los consumidores. No es razonable que un servicio que podemos calificar de básico en cualquier Estado de bienestar, deba estar expuesto a subidas del orden del 20-30%», lamenta.
En su opinión, la problemática va más allá de las causas citadas y se remite a los últimos años. «España es un país con una elevadísima dependencia energética. Somos casi una isla geográfica y una clara isla energética con muy pocos recursos fósiles. Durante la última década, conscientes de esta problemática se planteó un crecimiento sin precedentes de las energías renovables con atractivos incentivos económicos. Estos incentivos están siendo costeados por el consumidor, y suponen el aproximadamente 40% de costes regulados que aparecen en factura», detalla. Los costes regulados (las citadas primas a las renovables, déficit tarifario histórico, transporte y distribución, etc) suponen el 40 % del recibo final.
Ante la «incertidumbre» que rodea la factura y que impacta sobre la economía y las familias, Gómez-Calvet reclama una «revisión del sistema de fijación de precios con una perspectiva multidimensional que vaya más lejos que el actual sistema de fijación de precios, preservando los principios de equidad y libre competencia».
Según el profesor de la Universidad Europea de Valencia, «se debe considerar el impacto que pueden tener subidas desmesuradas de precio y establecer procedimientos que actúen en caso necesario repartiendo el riesgo entre todas las partes».
Y añade: «Es clave proporcionar información al consumidor para que sea consciente en tiempo real del coste del servicio. Los sistemas de información disponibles por las compañías eléctricas deberían proporcionar al consumidor información puntual del coste, de forma que este pueda tomar decisiones de forma anticipada a la recepción de una abultada factura de electricidad».
