Las movilizaciones en todos los puertos españoles a partir de la semana que viene, incluida la posibilidad de una huelga indefinida, están servidas. «Defenderemos los puestos de trabajo por todos los medios. Lo intentamos a través del diálogo y nos engañaron». Así se expresaba ayer a través de un comunicado el secretario general estatal de Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya „líder sindical que controla más del 60 % de los 6.100 empleados de los muelles„ al conocer los planes urgentes del Gobierno para reformar el sistema portuario.

El Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado la aprobación de un Decreto-Ley para cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (dictada en diciembre de 2014) y que exige la liberalización del sector, lo que conlleva la ruptura del monopolio de las empresas únicas de estiba en cada puerto y el sistema de contratación de trabajadores.

La respuesta de la central mayoritaria no se ha hecho esperar tras el fracaso de sus negociaciones con la patronal del sector Anesco (controlada por las grandes empresas que operan en los puertos españoles) y la decisión del Ejecutivo de Rajoy de afrontar una reforma pendiente desde hace décadas y que ningún gobierno se ha atrevido a acometer hasta ahora. Coordinadora, UGT y CC OO.acordaron con Anesco un documento de «Bases para la reforma» y había suscrito un preacuerdo con la patronal.

La reforma busca reducir los costes de la estiba, que suponen más de la mitad (entre el 55% y el 56%) del coste total de la manipulación de mercancías , muy por encima de la media de Europa. La mayor novedad será la liquidación de las sociedades de estiba (Sagep) y del registro de estibadores, mecanismos que los sindicatos han empleado para fijar las condiciones laborales del sector. Cobran de media unos 60.000 euros al año con picos de 100.000 euros.