Los máximos directivos que ha tenido Feria Valencia desde la llegada de Alberto Catalá a la presidencia de la institución en 1999 se repartieron más de 430.000 euros en indemnizaciones al ser despedidos del cargo, según consta en la documentación remitida a las Corts Valencianes que servirá de base para la comisión de investigación que a partir del 16 de febrero analizará la irregular gestión de aquella entidad y tratará de dilucidar cómo se generaron unos enormes sobrecostes en sus obras de ampliación. Aquella reforma, dada la carencia de recursos de la Feria, va a costearla casi en su integridad „unos mil millones„ la Generalitat. La Intervención remitió los sobrecostes a la Fiscalía Anticorrupción, que a finales del pasado diciembre archivó la investigación tras concluir que el despilfarro no es delito.
Mientras se desarrollaban las faraónicas obras, Catalá y los principales ejecutivos de la entidad „los exdirectores generales Belén Juste y Carlos de Vargas„ y el exsecretario general Enrique Calomarde disparaban con pólvora del rey, tal como informó reiteradamente este diario, en viajes de lujo por medio mundo, restaurantes y regalos suntuarios, todos ellos abonados por la institución ferial. Pese a los onerosos costes de su gestión, todos ellos abandonaron la institución con abultadas indemnizaciones pese a que, en dos de los casos, la institución estaba en pérdidas. El exdirectivo que recibió un pago más elevado fue el exsecretario general, Enrique Calomarde, quien fue despedido en febrero de 2012. Percibió 168.647 euros, a razón de 45 días por año trabajado con un máximo de dos ejercicios. Calomarde llevaba en la institución doce años, dado que fue fichado como abogado y número tres de la entidad por Alberto Catalá poco después de ser nombrado presidente en diciembre de 1999.
Carlos de Vargas salió de Feria Valencia al mismo tiempo, cuando los dirigentes empresariales tomaron el mando de la misma y situaron en la dirección general a quien hasta entonces había sido el secretario general de la patronal provincial CEV, Enrique Soto. Vargas cobró 131.587 euros. El ejecutivo había llegado a la entidad a mediados de 2006 procedente de la empresa Áreas Ingeniería y Arquitectura, propiedad de José María Tomás Llavador, el arquitecto que diseñó la nueva Feria. Vargas había tomado el relevo de Belén Juste, directora general desde 2000, quien, tras verse forzada a dejar el cargo, pasó a la política en la filas del PP y llegó a diputada y consellera. Juste cobró 79.108.
La documentación remitida a las Corts incluye también al antecesor de esta, Rafael Olcina, quien fue director general de la institución entre 1996 y 1999, coincidiendo con la presidencia de Antonio Baixauli. Este ejecutivo cobró una indemnización de 51.930 euros. Olcina solo coincidió unas semanas con Catalá, quien firmó su indemnización.
