Los estibadores han perdido el pulso con el Gobierno central en su intento por introducir modificaciones en el Decreto-Ley de reforma del sector -que este viernes aprobará el Consejo de Ministros-y el conflicto se encona. «No tenemos otra salida que movilizarnos», destacó Antolín Goya, líder de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, al término del encuentro con Fomento de apenas una hora de duración. Las Autoridades Portuarias -incluida la de València, según su presidente, Aurelio Martínez- ya se preparan para jornadas que dejarán sin actividad los muelles y afectarán de lleno a la industria y a los camioneros, que pararán.

Según Goya, «si el viernes se aprueba la reforma, nos obligarán a plantear otros preavisos de huelga. ¿Qué otra cosa podemos hacer?, ¿Esperar en casa a que nos llegue la carta de despido?», declaró tras asegurar que comparten el mismo criterio CC OO, UGT y CGT. La huelga será los días 20, 22 y 24 de febrero, si bien los sindicatos ya han asegurado que «habrá nuevos paros». En las próximas horas Fomento fijará los servicios mínimos.

Los sindicatos no están dispuestos a desistir de crear un registro de trabajadores, con lo que no se rompería el monopolio.

Situaciones excepcionales

El comité de situaciones excepcionales de la Marca de Garantía del Puerto de València ha mostrado su «preocupación por las consecuencias» de la huelga. El naviero Vicente Boluda lamenta que el «Gobierno haya desaprovechado dos años para negociar con empresas y sindicatos» y reformar el sector tal como exige Bruselas» para romper el monopolio. Puertos del Estado «no ha hecho nada» desde finales de 2014, cuando el Tribunal de Justicia de la UE dictó el fallo que obliga a liberalizar el servicio dando entrada a más empresas. «Lo que no se puede hacer ahora es de la noche a la mañana asustar y poner el bombardero a tirar bombas», agregó. Fomento negó que no haya mantenido negociaciones. España se enfrenta a una sanción de 134.000 euros al día que empezará a tener efectos una vez que se dicte la segunda sentencia, a lo que se debe sumar la multa de 21,5 millones de euros.