Cuando no son los requerimientos o restricciones del ministro Montoro son los tribunales pero lo cierto es que no hay mes en que los alcaldes y concejales de Hacienda de toda España no se lleven un susto en lo que respecta a las cuentas municipales. La sentencia del Tribunal Constitucional conocida el viernes y que anula el impuesto de plusvalía cuando el propietario del inmueble ha perdido dinero respecto a lo que pagó al comprarlo, puede abocar a los ayuntamientos a una avalancha de reclamaciones de particulares.

Solo en los últimos cuatro años, fecha a la que podría retrotraerse la reclamación por cuestiones de prescripción, el montante total que han recaudado los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana en concepto de «impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana» asciende a 571 millones.

Así se desprende de la información oficial del Ministerio de Hacienda sobre las liquidaciones presupuestarias de los años 2013,14,15 y la previsión de recaudación de 2016. Se trata de una parte muy considerable de los ingresos municipales totales, entre el 4% y el 5%, explica Federico Varona, economista especializado en fiscalidad. En el caso de la capital València, por ejemplo, para este 2017 hay presupuestos 32,5 millones por este concepto. Fuentes municipales entienden que el impacto «no será tan dramático como parece» y que «no está tan claro» que vaya a haber retroactividad en la aplicación.

De ese montante total, los 571 millones recaudados, resulta imposible hoy por hoy tener ni siquiera una aproximación de cuánto se corresponde a plusvalías que en realidad fueron pérdidas para el que ha vendido un inmueble. «Ese dato no lo tienen los ayuntamientos. Lo tiene la Agencia Tributaria, el ayuntamiento solo tiene la información catastral», explica Varona.

El problema de este asunto es que el cálculo que se ha hecho siempre para establecer el impuesto de plusvalía surge de una ecuación simple, pero vinculada no al precio de venta sino al valor catastral de suelo: se cogía el valor catastral del suelo vendido, se le restaba el valor que tenía años atrás en el momento de la compra y la diferencia se multiplicaba por un coeficiente.

Ahora, la sentencia del Constitucional abre la puerta a la reclamación para todos aquellos que en los últimos años hayan vendido perdiendo dinero. Es difícil saber cuántos casos han sido, pero la coyuntura económica vivida permite hacerse una idea de que la cifra sería importante. Todas las daciones en pago, ejecuciones hipotecarias, grandes promociones que terminaron en manos de los bancos generaron plusvalías para los ayuntamientos, señala el experto de Varona Asesores.

En este contexto, el impacto para los ayuntamientos puede ser importante: «Va a haber un menoscabo para la recaudación de este año en curso», aventura el asesor, en relación a la previsible paralización de liquidaciones que se producirá tras este fallo del Constitucional. Además, prevé un «colapso de reclamaciones de contribuyentes para las que no sé si los ayuntamientos está preparados».