El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por «notables irregularidades» en la gestión de CatalunyaCaixa (CX) contra su expresidente Narcís Serra y otros 14 ex altos cargos, entre los que está el exdirector general Adolf Todó, por un agujero de 720 millones de euros en operaciones inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2007 por el banco.

Anticorrupción defiende que la caja catalana realizó en este periodo «una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria» que fundó principalmente en proyecciones y expectativas de negocio de futuro incierto y no respaldadas por el necesario análisis de solvencia, asegura la Fiscalía Anticorrupción en la denuncia remitida a la Audiencia Nacional.

Anticorrupción ha presentado la denuncia por un presunto delito continuado de administración desleal por unas irregularidades que detectó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el texto constata que en ese periodo la caja ejecutó las inversiones, a través de una filial, en España, Polonia y Portugal. «En la mayoría de casos analizados el aval y fiabilidad que desde la entidad se otorgó a las proyecciones efectuadas por la filial inmobiliaria y a las manifestaciones de los socios inmobiliarios copartícipes de las inversiones supuso acometer las inversiones confiando en la palabra del socio, sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados», destaca la denuncia.

La Fiscalía asumió la denuncia presentada por el FROB, que intervino el banco en 2011 y que considera que esta actuación le provocó un perjuicio que ha calculado teniendo en cuenta el precio de adquisición de los terrenos y su posterior adjudicación a la Sareb, el banco malo. La caja, a través de sus órganos de gobierno, acordó intervenir en estas promociones mediante sociedades participadas en las que se reservaba la mayoría del capital. Mediante este sistema llegó a adquirir terrenos no urbanizables o incluso calificados como de especial interés. En la mayoría de los contratos no se estableció cláusulas suspensivas o resolutorias del pago del precio condicionadas a la efectiva realización de los proyectos. Tampoco hicieron tasaciones por expertos independientes. En cuanto a la actuación del que fuera exministro de Defensa, Narcís Serra, la denuncia especifica que se ha detectado «una total falta de preparación técnica» de la mayor parte de los miembros del consejo.