El cerco de la Justicia se estrecha sobre el abogado y empresario de Ontinyent Ramón Cerdà por la denominada operación medina, una amplia trama de defraudación del IVA. De las cinco piezas en que el juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dividió el caso, en una ya ha sido condenado a 13 años de prisión y en otra la Fiscalía Anticorrupción, en el escrito previo a la apertura de juicio oral, reclama para él otros catorce años por idénticos delitos. La operación medina se inició en febrero de 2006 a resultas de una investigación por delito contra la Hacienda Pública a la empresa Wireless Phone, con sede en Málaga, por un «complejísimo entramado de sociedades extendido por toda España cuya finalidad era defraudar el IVA en relación tanto a material informático como a telefonía móvil», según el escrito del fiscal, en el que adjudica un papel principal a Cerdà en esta trama como «persona dedicada, desde hacía años y pese a carecer de toda formación profesional, a la constitución de sociedades dormidas o latentes que, posteriormente, vende a terceros a cambio de pingües beneficios, creando un auténtico emporio-nido de sociedades desde su sede de Ontinyent».
El también acusado Sergio Martínez «diseñaba la forma de fraude en el IVA con las cadenas de sociedades «truchas» y «pantalla» que permitieran justificar a los distribuidores un falaz IVA soportado», mientras el abogado facilitaba esas mercantiles. Conviene recordar que Cerdá, entre otras muchas actuaciones, creó la sociedad Posibilitum Business que usó el empresario valenciano Ángel de Cabo para comprar, en 2010, el grupo Marsans al ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. En 2011, la empleó para adquirir Nueva Rumasa a la familia Ruiz-Mateos.
Acusados
En la pieza Wireless Phone hay 16 acusados. La fiscalía pide para Cerdà cuatro años de cárcel y una multa de 31,7 millones por un delito contra la Hacienda Pública, otros tres años y 36.500 euros por un delito de falsedad en documento público, tres años y 36.500 euros por un delito de falsedad en documento mercantil y cuatro años más de prisión y 73.500 euros por un delito de asociación ilícita. Además, para once de los acusados, entre ellos el abogado de Ontinyent, solicita una indemnización solidaria a Hacienda de 5,2 millones.
La petición de Anticorrupción se produce una semana después de que el 13 de marzo la Audiencia Nacional condenara a Cerdà a 13 años de prisión por defraudar 3,2 millones de euros de IVA, por lo que le impuso una multa por esa misma cantidad por los delitos de asociación ilícita y falsedad continuada de documento público y de documento mercantil. En esta pieza, la Woxter, los condenados fueron también 16.
