Los chivatazos aumentan la caja de Hacienda. Extrabajadores o exdirectivos despedidos, clientes y proveedores que observan irregularidades en operaciones de compraventa de bienes y servicios, soplos de personas que reciben pagos en efectivo superiores al límite máximo de 2.500 euros. Los hay de todas las edades y condiciones laborales... Son los nuevos «confidentes» de la Agencia Tributaria, anónimos o con nombres y apellidos, quienes pueden usar canales presenciales y telemáticos para denunciar posibles irregularidades tributarias. La práctica de destapar comportamientos contrarios a ley aumenta con el paso del tiempo «porque existe mayor conciencia social», reconoce en declaraciones a Levante-EMV el delegado especial de Hacienda en la Comunitat Valenciana, Manuel Cabrera.
Pueden ser amigos, conocidos e incluso familiares quienes actuan como delatores de otros contribuyentes. El caso es que la Agencia Tributaria recibió el pasado año 12.555 denuncias realizadas por contribuyentes anónimos (otros se identificaron) en toda España, lo que representa un incremento de casi un 27 % respecto a 2015, que han contribuido a que Hacienda incoara actas de inspección por un montante de más de 116 millones.
Según Cabrera en este último ejercicio han aumentado denuncias en la administración pública por pagos en efectivo. El máximo responsable de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana sostiene que este canal de lucha contra el fraude resulta «más útil cuanto mejor esté documentado» el expediente. También reconoce que estos delatores pertenecen a diferentes ámbitos económicos como la industria, turismo, actividades inmobiliarias o agrarias.
Así las cosas, ha mejorado recientemente el sistema para que el contribuyente elija entre cinco opciones diferentes, que marcan a su vez sus prioridades en la lucha contra el fraude: denuncia ordinaria, denuncia de facturas no declaradas, denuncia de software de ocultación de ventas, denuncia de comercio electrónico y fraude web y denuncia de alquiler de inmuebles. En los últimos cinco años ya suman más de 50.000 las tareas tributarias generales presentadas y cargadas al plan de inspección en España.
La Agencia Tributaria ha obtenido en la Comunitat Valenciana 924 millones de euros en 2016 como resultado de su labor en la prevención y lucha contra el fraude, consolidando los niveles récord obtenidos el año anterior y mejorando en un 26 % los obtenidos en 2012. Según el informe facilitado por esta administración pública, resulta especialmente destacable el resultado obtenido en forma de ingresos directos derivados de actuaciones de control, con un incremento del 4,4 % respecto del año anterior, con lo que se consolida también una mejora continuada hasta obtener una cifra récord en su historia; así se han conseguido unos ingresos directos un 39% superiores a los que se lograron en el año 2012. En 2016, el área de Inspección realizó más de 12.100 actuaciones de comprobación e investigación, representando casi 400 actuaciones más que las realizadas en 2015.
Al igual que ha ocurrido en el resto de este departamento de Hacienda, en la Comunidad Valenciana y a lo largo del pasado año se han seguido impulsando las actuaciones tendentes al control y reducción de la economía sumergida haciendo uso de todos los instrumentos disponibles, en la línea marcada por el plan general de control.
Especial relevancia han tenido nuevamente las actuaciones de entrada y registro realizadas por el área de Inspección con el apoyo de personal de las unidades de auditoría informática, que participaron en 153 actuaciones de estas características en territorio autonómico, un 38 % más que en 2015, que han resultado de gran eficiencia para la detección del software de ocultación, la obtención de pruebas en general, y la reducción del tiempo de duración de las comprobaciones inspectoras. En los últimos cuatro años son más de 550 las actuaciones de estas características.
También han continuado las actuaciones para la verificación del cumplimiento de la limitación de operaciones económicas pagadas en metálico, lo que en los tres últimos años se han traducido en el inicio de más de 1.000 expedientes de análisis de denuncias en relación con el incumplimiento de esta limitación legal.
Por otro lado, se han vuelto a incrementar las actuaciones presenciales destinadas al control in situ de obligaciones formales y registrales en sectores de riesgo fiscal, incluido el control de inmuebles alquilados, especialmente relevante en zonas turísticas. Este control de actividades de economía sumergida ha supuesto la realización de 3.653 actuaciones en la Comunitat, de las que una porción muy relevante se corresponde con la utilización de inmuebles. A través de la Inspección de València también se ha participado en actuaciones sectoriales coordinadas en toda España, donde destaca la operación Chopin, vinculada al ocio nocturno y la operación Piélago, relacionada con las lonjas de pesca.
Se incrementaron también las subastas y los lotes subastados, que ascendieron a 804 lotes, recuperando de esta forma más de 7 millones de euros, lo que representa un 79 % más que en 2015.
