Conocer qué paso para que el Banco de Valencia (BdV) se vendiera por un euro será complicado, al menos si depende del Gobierno de España. Las Corts intentan obtener datos sobre por qué una entidad privada valenciana fue transferida después de haber recibido una inyección de capital público de 5.500 millones de euros y con el correspondiente perjuicio para los accionista del histórico banco. El Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria (FROB), ente dependiente del Ejecutivo que urdió toda la operación, se ha negado tajantemente a entregar a la Cámara valenciana una copia del informe de valoración económica del BdV aprobado por la Comisión Rectora del FROB el 14 de diciembre de 2012. La petición la realizaron los diputados de Ciudadanos Alexis Marí y David de Miguel, quienes también han solicitado la comparecencia en la Comisión de Economía del presidente del fondo de reestructuración y del gobernador del Banco de España.
Este informe de la entidad pública FROB es fundamental para conocer el estado real del Banco de Valencia antes de ser vendido por una euro a CaixaBank. Varios informes, uno de ellos del profesor de la Universitat de València Salvador Climent, asegura que los activos del BdV tenían un valor superior al calculado por el FROB por lo que no habría sido necesaria una inversión pública de 5.500 millones de euros que acabó diluyendo el capital de los accionistas privados. El profesor y un peritaje independiente consideran que traspasar por un euro la entidad tras la inyección de liquidez del fondo de reestructuración fue un «regalo» del que se benefició CaixaBank, que en 2012 en plena crisis financiera podría haber incurrido en pérdidas.
En el escrito remitido por el FROB a las Corts, la entidad pública asegura que no puede remitir el informe de valoración económica del Banco de Valencia que elaboró la comisión rectora para su posterior venta porque no está obligado a atender los requerimientos de información de parlamentarios autonómicos. Además, asegura que el FROB «no está facultado legalmente para levantar el deber de reserva que tutela la necesaria confidencialidad de los datos, documentos e información que obran en sus expedientes». Según el escrito, al FROB le corresponden las mismas disposiciones de confidencialidad que al Banco de España pese a no ser un órgano independiente.
El organismo dependiente del Ministerio de Economía se niega a revelar información de un proceso en el que se inyectaron miles de millones de dinero público sin haber aclarado por qué.
