La C. Valenciana se ha convertido en la primera autonomía en reaccionar ante la amenaza de multas de la Comisión Europea y en abrir el melón de la liberalización de la atención en las gasolineras. Desde la semana pasada, cuando la secretaria autonómica de Economía firmó la anulación de la resolución que fijaba el horario diurno de atención obligatoria en las estaciones de servicio, las gasolineras valencianas ya no están obligadas a contar con personal que atienda a los usuarios. Era una reclamación de las gasolineras automáticas, las conocidas como low cost, que están habilitadas técnicamente para el autoservicio aunque de momento cuentan por lo general con un responsable en la instalación.
En paralelo a la anulación de esta norma, que tenía un defecto de forma, la Dirección General de Consumo ha remitido a la Comisión Europea una carta en la que explica que la normativa valenciana no tiene que entenderse como «una restricción a la libertad de establecimiento de las empresas», ya que «no requiere la presencia de un número mínimo de empleados en las estaciones, sino solamente la obligación de atender, por el medio que la empresa estime oportuno, a las personas discapacitadas que no puedan acceder al suministro en régimen de autoservicio».
La conselleria pone así fin al debate abierto en el sector en los últimos meses con el objetivo garantizar la atención de las personas discapacitadas. Economía estaba dispuesta a fijar la obligatoriedad durante 16 horas al día de que cada estación de servicio tuviera al menos un empleado de guardia. Sin embargo, la amenaza de multas de Bruselas, unido a una ley estatal que permite la existencia de estas gasolineras sin personal, así como varias sentencias e informes, han llevado a la conselleria a dar un paso atrás. De hecho, su intención es evitar la multa de Bruselas y conseguir salvar la fórmula de la teleasistencia, es decir, que haya algún responsable localizable, como medida compensatoria para los discapacitados.
En este contexto, la patronal de estaciones automática AESAE, una de las que recurrió la normativa anulada, celebró ayer como «muy positiva la decisión de la Generalitat de dar un paso atrás y aceptar que las estaciones automáticas o desatendidas, puedan operar sin personal. Se impone el sentido común».
Y valoró: «La Generalitat encabeza de esta forma la posición de eliminar las trabas y barreras al libre mercado que las normativas autonómicas están instaurando». Además, la patronal anima al Gobierno central a «aprovechar este impulso y aprobar la nueva normativa que tiene pendiente desde hace tres años, con informe favorable del Consejo de Estado y de la Unión Europea, y que presenta importantes avances en áreas como la seguridad y el medio ambiente, para todas las estaciones de servicio».
