El presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, admitió ayer que no esperaba el escenario en que ya se encuentra la entidad, después de que el juez haya declarado su extinción inmediata. González esperaba que este designara un administrador concursal que procediera a la liquidación ordenada de la patronal y acto seguido pensaba dimitir. Sin embargo, el juez ha considerado ocioso ese nombramiento para no causar más gastos y ante la evidencia de la ausencia de patrimonio en la Cierval. Así que ahora será su presidente quien tenga que realizar esa labor. En declaraciones a este diario, González afirmó que la semana que viene se reunirá con los abogados que han llevado el concurso de acreedores en su modalidad de liquidación que la entidad presentó antes de Semana Santa para que «nos digan qué tenemos que hacer».

A la espera de esa reunión, el también vicepresidente de CEOE apuntó que, en principio, su misión será la de «intentar cobrar alguna deuda, muy poca» que otras entidades tienen contraída con Cierval y en «vender lo poco que le queda» a la organización. Todo ello con el propósito de pagar, siquiera sea mínimamente, sus deudas. A este respecto conviene mencionar que la patronal autonómica tiene su sede en un edificio céntrico de València perteneciente a patrimonio sindical. El inmueble, adjudicado a la patronal española CEOE, fue cedido por esta a la CEV, la organización de la provincia de Valencia que se ha transformado en autonómica para convertirse en la sucesora de Cierval. Ese edificio, que la CEV cedió a Cierval, ahora retornará a la confederación que preside Salvador Navarro. Así que el patrimonio se reduce básicamente al mobiliario de la sede.

Aunque los trece empleados de Cierval han cobrado sus nóminas hasta abril, en este mes la organización ya «no tiene dinero». Así que lo que pueda recuperar la entidad iría destinado a ellos, aunque ahí está también la cobertura del Fondo de Garantía Salarial. Lo que sí es seguro es que Cierval tendrá que aplicar un ERE de extinción.

Por otro lado, la patronal alicantina Coepa dijo ayer que la deuda que tiene con la Generalitat -que la Conselleria de Hacienda aclaró el jueves que piensa cobrar a las provinciales pese al fin de la autonómica- está integrada en el concurso de acreedores que superó a finales de año. El acuerdo aquel contemplaba una quita del 95 %, lo que implica que Coepa no está dispuesta a devolver a la Administración autonómica más allá de un 5 % de una deuda que ronda los 200.000 euros.