El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, aseguró ayer que las grandes cadenas de distribución no pueden ser «un mercado caníbal, depredador», donde el fuerte se come al débil y «lo destruye».

Aguado critica que la concentración de la distribución es tan grande que ha adquirido un peso monopolístico y muchos agricultores sufren su «acción depredadora» de abuso de fuerza.

Por su lado, la administración es «incapaz» de entender que esa forma de actuar «la permite el mismo gobierno» al no adoptar ninguna medida para «definir» el mercado, asevera. «Por unos céntimos estamos asfixiando al agricultor», denuncia y se pregunta si «de verdad el consumidor no puede pagar 3 o 4 céntimos más por la fruta».

Las ventas a pérdidas de algunas cadenas de distribución ha llevado a organizaciones agrarias como AVA a presentar denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), pero es una cuestión que se repite continuamente y que constituye una de las reclamaciones del sector agrario.

Pide una ley más reguladora

En un repaso de los asuntos pendientes con motivo del 40 aniversario de AVA, su presidente apela a una ley española y de ámbito europeo que coordine la relación entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria.

Aguado pone de manifiesto que el campo valenciano necesita modernizarse y tomar ejemplo de otras comunidades e incluso de las grandes explotaciones que existen en la Comunitat para llevar a cabo un cambio estructural dirigido a la competitividad de las explotaciones y el relevo generacional. «Aquí se ha dormido mucha gente en los laureles y no se ha adaptado a los tiempos», reconoce, aunque también se ha fallado «en la política autonómica con planes de reestructuración de cada nuevo conseller de Agricultura que han quedado en papel mojado y con unos políticos que no han sabido defender los intereses ante el Gobierno central».

Él apuesta por un plan definitivo de modernización de la agricultura y de sus estructuras que pare el avance del abandono de tierras -más de 160.000 hectáreas abandonadas- e impulse el relevo generacional -la media de edad se sitúa en 62 años-.