Hacienda ya ha anunciado que ampliará este año el catálogo de medidas para combatir la economía sumergida con dos cambios que afectarán a consumidores, empresas y profesionales. De este modo, por un lado se producirá un endurecimiento del control sobre las facturaciones para prevenir la defraudación del IVA. Mientras que, por otro lado, y con un propósito semejante, se llevará a cabo una mayor limitación del uso de dinero en efectivo, que pasará de los 2.500 euros actuales a 1.000.
El Gobierno dirigido por Mariano Rajoy expone varias innovaciones de su estrategia antifraude en el «Programa Nacional de Reformas 2017», un documento que aprobó el pasado viernes para ser enviado a la Comisión Europea, siguiendo las normas comunitarias. Allí se enuncian, entre otras políticas, las que se exponen los siguientes puntos.
Facturas
A partir del 1 de julio de este año, parte de las empresas (las que facturan más de seis millones de euros, las inscritas en el registro de devolución mensual del IVA y los grupos societarios) quedarán obligados a comunicar telemáticamente a la Agencia Tributaria en el plazo de cuatro días (ocho inicialmente, de manera transitoria) el detalle de todas las facturas expedidas o recibidas.
Este mecanismo (sistema de suministro de información inmediata, en la jerga técnica) permitirá a Hacienda cruzar información de las empresas de manera ágil, convirtiéndose en una potente herramienta para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Grandes fortunas
El plan remitido a la UE menciona como otros objetivos de «especial importancia» para la Administración Tributaria española en 2017 «el control y la inspección de las grandes fortunas», aunque no entra en detalles de cómo va a efetuar precisamente esta labor.
Alude también a actuaciones contra la elusión fiscal de las multinacionales, con una singular atención al control del comercio electrónico.
Efectivo
Por otra parte, el Gobierno español ha comunicado ya a la Unión Europea que prepara una nueva limitación cuantitativa de pagos en efectivo, prevista a fines de 2016 y que quedó en ese momento aplazada.
No en vano, desde 2012 están vetadas las transacciones en metálico que superen la cifra de los 2.500 euros cuando al menos una de las partes es una empresa o profesional.
No obstante, Hacienda ya ha anunciado que rebajará esa cantidad a 1.000 euros, como en Francia e Italia. Al parecer, estas restricciones, cuando se cumplen, refuerzan la «bancarización» de los pagos, aligeran el riesgo de fraude en el IVA y dificultan el blanqueo del dinero «B».
Cabe recordar, mientras tanto, que los expedientes y sanciones relacionados con los pagos en efectivo aumentaron el 19% el pasado año.
