Varios pequeños empresarios valencianos, exfranquiciados de la cadena de supermercados DIA, han demandado o pretenden hacerlo a la compañía por una presunta estafa y apropiación indebida, entre otros delitos. Es el caso de José Barberán, que fue responsable de una tienda en Vila-real en 2012, pero también de Pilar Fernández, que regentó otra en Benimaclet (València) durante tres años desde 2014, y del empresario que la sucedió, Martín Ecuaga, que dejó la tienda el pasado febrero.
No son los únicos. Hay decenas de casos en toda España, agrupados en una querella colectiva que se dilucida en un juzgado de Vic (Barcelona) y otra que trata de abrirse camino en Majadahonda (Madrid), sede del partido judicial donde tiene su sede la multinacional de distribución.
Hay más valencianos en guerra contra DIA, como la familia Calvo, de Buñol, que regentó una tienda durante 14 meses, y está esperando a que el juzgado de Vic decida si se aceptan nuevas ampliaciones a la querella o si presentan su propia denuncia en València.
Algunos llevan pocas semanas de pelea y otros llevan años, pero la problemática que señalan los afectados es casi siempre la misma. «Cuanto más vendes, más pierdes», resume Martín Ecuaga, que acaba de dejar su tienda de Benimaclet. Según relatan, la experiencia como empresarios (algunos eran empleados; otros se embarcaron sin experiencia en el sector con la expectativa de regentar un negocio próspero), les ha dejado cerca de la ruina.
«La querella se interpone, en primer lugar, por falsedad documental porque se les entrega una cuenta de explotación que no se parece a la realidad de los resultados económicos», explica el abogado catalán David Perales, uno de los que lleva una de las querellas colectivas.
También reclaman un delito de apropiación indebida. «Nos obligaban a aplicar descuentos y cupones con los que perdíamos dinero. El negocio lo tienen ellos en venderte a ti el producto. Todos los descuentos los aplicas tú. Muchos productos los vendes por debajo del coste», insisten los afectados.
El abogado Perales apunta también al delito informático. «Otra de las situaciones es que el sistema operativo les modifica los precios a su arbitrio, manipula el volumen de stocks, les hace pedidos automáticos cuando venden determinadas cantidades, compran cosas que no necesitan porque les modifican el stock», enumera. Los afectados señalan irregularidades con el inventario, y la ocultación de la elevada rotación de franquiciados que presentan las tiendas. Algunos apenas duran meses, aseguran.
2.150 franquicias y 10 denuncias
Desde la compañía, por su parte, aseguran que «no tienen ningún problema de carácter legal», y apuntan como responsables a abogados que «se persona sistemáticamente contra las empresas franquiciadoras», en el caso de DIA, con «con nulo éxito judicial». La firma señala el bajo grado de litigiosidad que presenta, con «diez litigios contra DIA pese a tener 2.147 franquicias en España a 31 de diciembre de 2016». De ellos, además, han ganado tres y los otros siete están en curso.
La multinacional de distribución recuerda que la Audiencia Nacional, que ha rechazado varias veces investigar los hechos al declararse incompetente, sostiene: «Los hechos objeto de las querellas carecen de la gravedad y trascendencia económica social capaz de crear serios peligros o causar graves daños como los que se describían. [...] No afectan a una generalidad de personas ni a la economía nacional». El despacho de Marcos García Montes, que representa a las afectadas de Buñol, ha tratado también, sin éxito, que la Audiencia Nacional asuma la instrucción, al haber afectados en varias autonomías.
