12 de mayo de 2017
12.05.2017

«Las cuentas de Bancaja de 2010 son falsas»

Declaró un beneficio de 75 millones cuando había incurrido en pérdidas de 538 no cargadas a resultados

12.05.2017 | 04:15

La clave del caso Bankia está en confirmar o no si sus responsables ocultaron que la entidad estaba en pérdidas –y no en beneficios, como declararon– y tenía un agujero contable enmascarado que obligó a su intervención con más de 22.000 millones por parte del Estado y que produjo enormes pérdidas a quienes invirtieron en ella cuando salió a Bolsa en julio de 2011. El juez Andreu considera verosímiles las conclusiones de algunos peritos judiciales procedentes del Banco de España que determinaron que hubo maquillaje y de ahí el auto en que procesa a toda la excúpula, a la que da un margen de un mes, al igual que a la Fiscalía, para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

A los números rojos no declarados y el agujero aflorado tras la nacionalización de mayo de 2012 contribuyeron principalmente las dos grandes entidades que fundaron BFA/Bankia: Caja Madrid y Bancaja. En la enumeración de responsabilidades, el auto del juez de la Audiencia Nacional se detiene en numerosas ocasiones en la caja valenciana y el daño que causaron algunas de sus filiales. El documento recoge un resumen del informe pericial de Antonio Busquets que concluye que también las cuentas de Bancaja –y las de Caja Madrid– de 2010 eran «falsas» y afea a la entidad que declarara ese año «un falso beneficio antes de impuestos de 75 millones» cuando su realidad contable era que había incurrido en pérdidas de 538 millones «cargadas indebidamente a reservas en vez de a resultados», además de realizar una «incorrecta valoración de sus participaciones en Bancaja Inversiones y en Bancaja Hábitat» y de ingresar «395 millones en el epígrafe «resultado de operaciones financieras» al cancelar la permuta financiera con Picton». El auto asegura también que a 31 de marzo de 2011 las cuentas de Bankia no valoraron los activos adjudicados (leáse, inmuebles) procedentes de la caja valenciana, concretamente de sus filiales Bancaja Hábitat y Cisa. Seis meses más tarde, la inspección del Banco de España detectó «un quebranto bruto» en los activos de esas firmas de mil millones de euros.

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