En su afán por mantener el mayor control posible del sector público sobre la futura Feria Valencia, la conselleria de Economía ha resucitado una vieja propuesta planteada en 2014, cuando la Generalitat, el ayuntamiento y la institución, los dos primeros dirigidos por el PP, cerraron un primer acuerdo para tratar de garantizar la viabilidad de la entidad de eventos que fue aparcado tras llegar PSPV y Compromís al Consell en 2015. Se trata de dar entrada en la empresa que gestionará el negocio ferial a firmas valencianas para que los operadores privados que puedan participar, presumiblemente extranjeros, no tengan la mayoría de control. Así lo dijo ayer el conseller de Economia, Rafael Climent, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell celebrada en Feria Valencia y donde se aprobó el protocolo de intenciones entre la Generalitat, el ayuntamiento y la propia institución que desbloquea el futuro de la misma.

La divergencia inicial entre Economia y Hacienda sobre el alcance de la privatización se salda a favor de esta última en tanto en cuanto prevalece la idea de que la nueva Feria será mixta pero con mayoría privada. El propósito del departamento de Climent es atenuar el alcance de la privatización y que «la suma entre -la participación- del Consell y empresas valencianas sume más que el resto», tal como dijo Climent, según informa Efe. Fuentes de su departamento, no obstante, matizaron que no tiene por qué tratarse específicamente de empresas y abogaron más bien por «entidades» como Ascer, la patronal del azulejo que participa en la organización de Cevisama, el mayor certamen que se celebra en Feria Valencia.

Claro que todo esto es mero posibilismo, porque la clave de bóveda de todo el diseño es el diálogo competitivo que Feria Valencia debe establecer con las empresas que estén interesadas en participar en el proyecto. De ahí saldrá un pliego de condiciones donde se determinará cómo será la futura institución. Todas las partes son conscientes de que primero hay que conocer cuál es el interés real de los posibles operadores -Climent habló ayer de dos, en número- que deben agrandar el negocio ferial y cuáles son sus condiciones antes de cerrar la participación final de cada grupo. Lo mismo se puede decir de las empresas valencianas de las que habló el conseller. ¿Y si a nadie de entre los primeros y las segundas les interesa participar en el proyecto? En una nota, la Generalitat abundó en que no corresponde entrar en detalles «en esta fase» porque el proceso «debe ser lo suficientemente abierto como para atraer a los mejores gestores».

Precisamente, ese proceso lo dirigirá la conselleria de Economía, según quedó ayer fijado en el protocolo de intenciones. El citado documento establece una hoja de ruta que incluye un decreto por el que la Generalitat asume los 650 millones pendientes de deuda ferial y el ayuntamiento cederá a la administración autonómica de forma gratuita por un período de 75 años la gestión de la infraestructura. Tras la cesión de la actividad al operador resultante del proceso, se disolverá el patronato ferial.