La posible aprobación del real decreto ley de reforma del sector de los estibadores durante el pleno extraordinario del Congreso de mañana -gracias al apoyo del PP, Ciudadanos, PNV y la abstención de los nacionalistas del PDeCAT- aumenta las movilizaciones de los trabajadores en los puertos españoles, entre estos el de València. Una asamblea de estibadores, convocada entre las 13.00 y las 15.00 horas, provocó el cierre de los accesos terrestres para camiones al recinto del Grao durante dos horas y causó colas kilométricas en la V-30 a mediodía, según informaron fuentes de la Dirección General de Tráfico de Valencia. .

La actividad ha vuelto a ralentizarse en algunas terminales del Puerto de València, según fuentes de Sevasa -la empresa que gestiona el servicio de la estiba en este emplazamiento- y se registró «una bajada de la productividad» durante estas últimas jornadas.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, comentó desde Bilbao, que espera que «todos los puertos vayan en la misma dirección» en cuanto a bajadas de productividad por la huelga anunciada por los estibadores, para que no haya desvíos de tráfico. Como se recordará, el puerto de Valencia, así como el de Algeciras -aunque no el del Barcelona- han sido los más perjudicados durante las movilizaciones de los últimos meses.

Durante una visita del president de la Generalitat, Ximo Puig, y el máximo mandatario de la APV, al puerto vaso, Martínez afirmó, según Efe, que espera «no asistir a que en unos puertos se aplica este preaviso y estas bajas de productividad y en otros no porque eso lo único que genera son desvíos de tráfico». Y espera que se llegue a un acuerdo en el sector; algo a lo que no parece muy convencido el líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, quien anunció que los estibadores seguirán con la huelga de ochos días a partir del 24 de mayo contra el decreto del Gobierno porque, a su juicio, no se garantizan los 6.000 empleos en el sector y se sienten «engañados». En caso de que el Congreso convalide la reforma, España evitará pagar la multa de unos 25 millones de euros que acumula por la sanción que el Tribunal de la UE ya le impuso en diciembre de 2014 por incumplir la normativa comunitaria con el régimen legal de la estiba, y que se le imponga una segunda, de 134.000 euros diarios, por no cumplir la primera sanción.