La Seguridad Social ha exigido la devolución de casi 3,8 millones de euros a las dos mutuas de accidentes laborales valencianas -Umivale y Unión de Mutuas- por gastos indebidamente justificados durante los ejercicios comprendidos entre 2006 y 2011. A Umivale, que asegura que en su caso se trató de «divergencias contables», le correspondieron 2,5 millones y a Unión de Mutuas, que no ofreció ayer ninguna explicación tras solicitársela este diario, casi 1,3 millones.
El diario El País publicó ayer que en el período citado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social reclamó a 25 mutuas españolas 142 millones de euros por gastos irregulares, entre los que el rotativo incluye dietas no permitidas, pagos ilegales a colaboradores, despidos de trabajadores a punto de jubilarse, regalos, mariscadas o alquileres sin justificar. El grueso del dinero corresponde a Fremap (43,4 millones), Mutua Universal Mugenat (23,4), Fraternidad Muprespa (20) y Asepeyo (10,6).
Fuentes oficiales de Umivale explicaron a este diario que la entidad con sede en València, que maneja anualmente 400 millones de dinero público, sale bien librada en todas las auditorías de esos años, donde, como pudo comprobar este diario, la Seguridad Social concluye en todos los casos que las cuentas de la entidad reflejan de manera fiel su patrimonio. En varios de esos ejercicios, no obstante, la SS detecta algunas partidas aplicadas indebidamente y exige su devolución, que Umivale realizó sin recurrir a los tribunales, como sí han hecho otras mutuas.
Las divergencias de criterio fundamentales son cuatro. Una de ellas es por el porcentaje que cobran los asesores laborales (entre el 1 % y el 3 %) en concepto de gestiones (hacer seguros sociales, tramitar partes de accidentes) para sus clientes, principalmente pymes y autónomos. «Los criterios para abonar el dinero estaban mal definidos y se ajustaron en 2008. Hubo discrepancias. Se comprobaron los pagos y si no cumplían se devolvió», afirman en la entidad. Otro caso fue el de lo botiquines que se entregan a las empresas: «cambió la normativa, tanto sobre el contenido de los mismos como sobre los beneficiarios, de entre los cuales se excluyó a los autónomos».
Otra divergencia con la SS se produjo sobre el alquiler que pagaba la sociedad de previsión de la propia mutua, ubicada en sus instalaciones de València. Por último, en 2011, a los empleados de Umivale les actualizaron el sueldo en función del incremento del IPC, «pero, como nos habían equiparado a los funcionarios y estos tenían el sueldo congelado, nos hicieron devolver el dinero a todos y cada uno de los trabajadores».
