Cuando a punto están de cumplirse cinco años desde que comenzó la instrucción de la denominada pieza principal de la siete abiertas por la gestión de la CAM, la última cúpula directiva de la que llegó a ser la cuarta caja del país se sentará mañana ante un tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Nacional para responder por el presunto faseo de la cuentas de la entidad y la asignación de retribuciones más elevadas de a las que supuestamente tenían derecho. Unos hechos por los que se imputan los delitos de estafa, falsedad, apropiación indebida y administración desleal, entre otros, y por los que reclaman penas que llegan hasta los 17 años de prisión.
Para el exdirector general Roberto López Abad será su segunda visita a la sede de la Audiencia de San Fernando de Henares, donde ya fue juzgado junto al expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés, y absueltos ambos, en 2015 en otro de esos siete procesos.
Junto a López Abad se sentarán en el banquillo de los acusados el último presidente de la caja, Modesto Crespo, la exdirectora general María Dolores Amorós y los exdirectores generales Teófilo Sogorb, Vicente Soriano, Francisco Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa.
Una sala formada por los magistrados Juan Francisco Martel, Ángela Murillo y Paloma González (quien ya fue parte del tribunal del primer juicio de la CAM) tendrá de dilucidar si a lo largo de las 20 sesiones señaladas quedan probados unos hechos que la instructora concretó en tres apartados. Primero: «la posible alteración de las cuentas anuales de la CAM en los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, que incluyen conductas dirigidas a no reflejar la imagen fiel de la sociedad, como las referentes a la calificación de los créditos subestándar, dudosos o fallidos». Segundo: «Los posibles perjuicios concretos causados a los inversores como consecuencia directa de la publicidad de dichas cuentas anuales presuntamente falseadas». Y tercero: «Los supuestos perjuicios derivados de las presuntas irregularidades en materia de prejubilaciones, previsión social complementaria, incentivos y bono extraordinario a largo plazo».
Cuotas
A instancias del fiscal, este proceso da también cobertura a aquellos compradores de cuotas participativas que las adquirieron durante el periodo en que las cuentas no respondían a estado real de la entidad dado que las transacciones, que el acusador público cifra en unas 46.000, no se hicieron de acuerdo al valor de estos títulos sino al que se publicó siendo presuntamente falso.
En el banco de las acusaciones, y junto al fiscal Luis Rodríguez Sol, se sentará la Fundación CAM y el Fondo de Garantía de Depósitos además de la acusación popular que, bajo la representación letrada del abogado murciano Diego de Ramón, da voz a cerca de un millar de afectados por la compra de cuotas, además de los letrados de otros afectados por este producto.
La Sala han aceptado gran parte de las pruebas solicitadas por las partes, entre ellas la declaración, en calidad de testigos o de peritos, de cuatro inspectores del Banco de España que reclamaban el fiscal, la Fundación y el Fondo.
Como responsable civil directo se señala a la aseguradora Caser y al Banco Sabadell y a la Fundación como subsidiarios.
