Javier Boix, el abogado del exdirector general de la CAM Roberto López Abad, a quien ya consiguió librar de una condena en la misma sala de la Audiencia Nacional de la localidad madrileña de San Fernando de Henares en la que ayer comenzó el juicio de la denominada pieza principal de las abiertas por la gestión de la caja, marcó ayer no sólo el compás al que después bailaron el resto de las defensas sino el tema que prácticamente monopolizó esta primera jornada reservada para la cuestiones previas: las cuotas participativas. La Fiscalía pide para los acusados hasta siete años y medio de cárcel y la acusación popular hasta 16.

Aunque lo que se va a juzgar en este proceso (en el que está acusada la última cúpula de la entidad) es el presunto falseo de las cuentas y la asignación de retribuciones presuntamente ilegales al equipo directivo, fueron las cuotas las que coparon mayoritariamente las intervenciones de partes, que mayoritariamente quieren apartar a los cuotapartícipes del proceso.

Los letrados de la defensa, primero la mitad y después en masa, secundaron la propuesta de Boix de que sean expulsadas de la causa las acusaciones que representan a quienes compraron los títulos antes de marzo de 2011. Fecha a partir de la que, según el fiscal, sí se puede hablar de perjudicados por haber adquirido estos títulos cuanto las cuentas no reflejaban la imagen real de la entidad.

Frente a esta postura, en línea con la que mantiene el fiscal Luis Rodríguez Sol, se encuentran tanto el abogado murciano Diego de Ramón, quien ayer hacía doblete como acusación popular y particular, como los dos letrados de otros afectados. Tal es el caso del mallorquín Miguel Mercadell, quien en representación de Cristóbal Pons, un inversor que adquirió la friolera de 102.000 títulos por más de 600.000 euros (lo que le convierte en el mayor comprador de cuotas del país), mantuvo contra viento y marea que tan afectado por el maquillaje de las cuentas es el que invirtió en 2011 como el que lo hizo en 2008 en un producto cuyo valor ahora es cero.

Fundación CAM versus Sabadell

También fueron las cuotas el punto de fricción entre los representantes de la Fundación CAM y del Banco Sabadell. El primero, con el corazón partido entre su faceta de defensor (en cuanto a las participativas) y el de acusador contra la cúpula de la caja, optó por sentarse en la bancada de las defensas para desde ahí reivindicar que no hubo tacha en la emisión de estos títulos, que no se puede incluir a todos los supuestos perjudicados por su compra en esta pieza cuanto hay otra se abrió ex profeso para investigar esa comercialización y para reclamar al banco catalán los datos de a cuántos cuotapartícipes ha acabado resarciendo y conocer así exactamente a cuánto podría alcanzar su responsabilidad civil subsidiaria. Una información que la entidad que preside Josep Oliu no parece muy dispuesta a facilitar y sobre lo que el tribunal ya se habría pronunciado aunque sin que su decisión hubiera llegado ayer a los interesados.

Al margen de los planteamientos en torno a las cuotas, sobre los que la presidenta de la sala, Ángela Murillo, aseguró que hoy habrá una decisión, el resto de las cuestiones apenas suscitaron problemas.