El banco Popular sigue en su particular descenso a los infiernos. Después de que anunciara el miércoles la ampliación de plazo para presentar ofertas para su compra, la entidad financiera se desplomó ayer en Bolsa casi un 18 %. La inquietud en los mercados -pero también entre depositantes y bonistas- es creciente, principalmente porque nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar con el quinto banco español. La entidad pide tiempo para hacer una valoración más precisa de cuál es el alcance real de sus activos tóxicos. Está por ver si es una maniobra dilatoria ante las reticencias de las pocas entidades -Santander, Bankia y, al parecer, CaixaBank- que se han interesado en estudiar su balance. Claro que si los gestores del Popular, recién aterrizados, no saben la magnitud real de su agujero -se habla de hasta 6.000 millones- difícilmente la pueden conocer sus competidores en un rápido análisis.
En medios financieros se apunta que, si no hay comprador privado -y cada vez parece más claro que no lo habrá por el volumen sospechado de provisiones a realizar sin posibilidad de una protección a futuro-, la única opción doméstica es que el Gobierno fuerce una operación con Bankia, donde el sector público tiene un 65 % del capital. Pero se trata de una opción de enormes riesgos. Aunque la entidad con sede en València está bien capitalizada tras su intervención de 2012 y la gestión realizada en estos años, no hay duda de que dicha fusión acabaría por provocar una merma en los accionistas minoritarios. Que esto no suceda es uno de los compromisos prioritarios del consejo presidido por José Ignacio Goirigolzarri. Por tanto, el Ejecutivo se arriesgaría a una dimisión en bloque del citado órgano de gobierno y, lo que es peor, que el intento de solventar un problema deviniera en poco tiempo en un problema mayor, sobre todo si el balance del Popular contamina al de Bankia, que además está ahora en pleno proceso de absorción de BMN.
Así las cosas, las fuentes consultadas se inclinan por que la salida al Popular está en el Mecanismo Único de Resolución (MUR), un organismo cuyo objetivo es garantizar la resolución ordenada de los bancos en quiebra con un coste mínimo para los contribuyentes. Eso implica que quienes tendrán que pagar la factura serán, por este orden, accionistas, preferentistas, bonistas y depositantes con más de 100.000 euros. Ahí el Gobierno debería batirse el cobre para que la reestructuración del Popular afectara al menor número posible de propietarios y clientes. Sin embargo, todo es una incógnita, porque el MUR todavía no ha actuado, ni siquiera con la débil banca italiana. ¿Será el Popular el conejillo de Indias?
