Los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana están rechazando sistemáticamente las inspecciones de los ingenieros de los edificios de más de cincuenta años ante las dudas sobre la regulación actual. La falta de una concreción clara ha abierto una nueva batalla por las competencias entre los ingenieros y los arquitectos valencianos. Rafael Durá, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (Coacv), mantiene que la «competencia es exclusiva de los arquitectos y aparejadores». Sin embargo, los ingenieros no lo tienen tan claro. Miguel Muñoz Veiga, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (Coiicv), sostiene que «no tiene ni pies ni cabeza» que los ingenieros no puedan realizar las inspecciones.
Los profesionales compiten por la revisión de más de 85.000 inmuebles en la Comunitat Valenciana que deben de disponer del certificado antes del 28 de junio de 2018. Miguel Muñoz Veiga censura que los arquitectos «se reserven el 80 % del pastel de la construcción y el 20 % restante lo compartan con los ingenieros y los ingenieros técnicos».
El decano de los ingenieros advirtió de que es un problema que afecta a diez mil profesionales en la Comunitat Valenciana, que están capacitados y no pueden ejercer su trabajo. «Los ayuntamientos valencianos no están admitiendo sus informes porque sostienen que no son competentes. En el resto de Europa esto no ocurre».
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha pedido que se elimine la exclusividad de la actividad para arquitectos y aparejadores en la realización de Informes de Evaluación de Edificios. La CNMC sostiene que hay otros profesionales competentes como los «ingenieros». La comisión asegura que la reserva de actividad es una barrera de acceso que limita la competencia efectiva sin justificación en los principios de regulación económica, eficiente y costosa en términos de bienestar.
Trabajo por hacer
La Conselleria de Vivienda y Obras Públicas, que dirige María José Salvador, calcula que en total hay 716.000 viviendas de más de cincuenta años. De estas, las integradas en unos 94.000 inmuebles aproximadamente (las plurifamiliares) deben contar con el informe antes del 28 de junio de 2018, que es el plazo que fijó el Estado en la ley de Suelo de 2015. Hasta este mes de mayo solo un diez por ciento de estos inmuebles disponen del Informe de Evaluación de Edificios (IIE) por lo que quedan más de 85.000 por revisar.
La inspección debe verificar las condiciones que presentan los inmuebles en cuanto a su estado de conservación, los principales desperfectos apreciados y las intervenciones que deben realizarse para rehabilitar o reformar el edificio. El objetivo es «garantizar las condiciones de estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación de los inmuebles».
La obligatoriedad de contratar el informe corre a cargo de las comunidades de vecinos. Los técnicos deben realizar el certificado que se remite al ayuntamiento.
