El Síndic de Greuges, José Cholbi, ha abierto una investigación de oficio para aclarar la falta de personal con la que han nacido los juzgados creados para hacer frente a la avalancha de casos de abusos bancarios. Cholbi pidió ayer explicaciones a la Conselleria de Justicia sobre las medidas adoptadas y las que tiene previsto tomar para «garantizar el buen funcionamiento y operatividad» de los nuevos juzgados. Los órganos judiciales normales (como informó Levante-EMV hace dos días) tienen ocho funcionarios, y el juzgado de cláusulas suelo de València ha arrancado con cinco y el de Alicante con cuatro. Además, el juzgado de la provincia de Castelló no ha recibido de momento refuerzos.
Los nuevos juzgados van a asumir todo tipo de reclamaciones bancarias. En los últimos tres años, solo los juzgados de València han hecho frente a más de 20.000 demandas bancarias. Los sindicatos y los jueces coinciden en que la plantilla «es insuficiente».
El Síndic también investiga por qué el juzgado especializado de València ha empezado a funcionar sin secretario judicial, «así como la precaria dotación de medios personales, materiales y de consignación» de estos órganos judiciales «para poder desempeñar sus funciones».
El defensor del pueblo valenciano asegura que es consciente de la complejidad de las competencias de la Administración autonómica de Justicia en esta materia, «así como del escaso tiempo de respuesta (apenas 6 días) para hacer operativa la medida». No obstante, ante el previsible aumento de litigios relacionados con las cláusulas suelo y la expectativa de la ciudadanía en resolver sus reclamaciones, el Síndic se dirigió ayer a la Conselleria de Justicia solicitándole información sobre las medidas que piensa adoptar para «dotar de medios a los juzgados especializados en cláusulas suelo».
Llueve sobre mojado
A los jueces les han asegurado que en cuanto los juzgados especializados superen los novecientos asuntos dispondrán de otro magistrado de refuerzo y se doblará la plantilla. El problema es que llueve sobre mojado y la Administración ya ha incumplido en otras ocasiones sus compromisos para reforzar y crear nuevos juzgados. Los magistrados valencianos están preocupados porque solo las cláusulas suelo «afectan a miles de personas» y estos juzgados van a asumir además abusos bancarios como los gastos de las hipotecas o las cláusulas de vencimiento anticipado.
La banca ha rechazado el 90 % de las revisiones tras fracasar el plan de mediación extrajudicial y cada demanda requiere un tratamiento individualizado porque no está claro que todas las cláusulas suelo sean abusivos.
La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCE CV) recibe de media cada día a entre diez y quince afectados por las cláusulas suelo y sus servicios jurídicos trabajan en quinientas demandas en la Comunitat Valenciana (doscientas cincuenta de ellas en la provincia de València). La media de las reclamaciones en València, según los bufetes, es de 8.000 euros.
