La judicialización del hundimiento del Banco Popular está siendo inmediata. El abogado Diego Muñoz Cobo, quien presentó a instancias de la asociación de pequeños accionistas Apabankval en febrero de 2012 la primera querella contra la excúpula del Banco de Valencia que ahora instruye en la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz, se ha asociado con el también despacho valenciano Yuris (Ricard Torres y Salvador Sastre) y van a presentar una querella por falsedad contable y estafa contra la auditora KPMG y los exconsejeros del Banco Popular que acordaron las ampliaciones de capital que la entidad vendida por un euro al Santander el pasado miércoles ha realizado en los últimos años
Muñoz Cobo explicó ayer a este diario que la querella se presentará la semana que viene o la siguiente. Su despacho y Iuris representan en estos momentos a 50 accionistas valencianos que han perdido su inversión tras la mencionada operación. No obstante, el abogado aseguró que el número de damnificados en la autonomía asciende a unos 35.000 del total de 307.000 accionistas que tenía el banco en el momento de su venta.
El abogado valenciano considera que el caso del Popular es muy similar al del Banco de Valencia, intervenido por el Estado en noviembre de 2011 y posteriormente vendido por un euro a CaixaBank. Muñoz Cobo asegura que en esta ocasión también «hay delito de falsedad contable-. En su opinión, «las cuentas no están claras». El pasado mes de febrero, la entidad intervenida el miércoles por el Mecanismo Único de Resolución (MUR) declaró unas pérdidas en 2016 de 3.485 millones de euros, que dos meses después tuvo que corregir al alza con otros 630 millones. Sin embargo, en octubre de 2016 había presentado unos resultados de los tres primeros trimestres del ejercicio con unos beneficios de 94 millones. Es decir, como en el caso de Bankia o del Banco de Valencia antes de sus respectivas intervenciones por parte del Estado, pasó en apenas cuatro meses de tener ganancias a números rojos multimillonarios.
Por tanto, Muñoz Cobo entiende que durante mucho tiempo la entidad estuvo maquillando sus cuentas y que las pérdidas declaradas en febrero de 2017 demuestran que «no se habían hecho las dotaciones pertinentes» porque la morosidad se ocultaba con refinanciaciones o con una calificación inadecuada para no cargar ese dinero contra la cuenta de resultados, además de incumplir la circular del Banco de España al respecto.
De esta situación deriva el otro delito que los abogados valencianos estiman que pudieron cometer KPMG y los exconsejeros: el de estafa. Y es que «basándose en unas cuentas falsas se pidió dinero a los inversores en sucesivas ocasiones, hasta cuatro en los últimos años, para paliar los déficits de capital». En opinión de Muñoz Cobo, si los inversores hubieran conocido la situación real del Popular no habrían acudido a esas ampliaciones de capital y muchos de ellos no habrían perdido todo su dinero.
El abogado valenciano cree que la querella no incluirá al último presidente del Popular, Emilio Saracho, que ha estado al frente del mismo en los últimos meses, pero sí a todos los integrantes de los consejos de administración que acordaron las sucesivas ampliaciones, entre ellos el expresidente Ángel Ron. También analizará si se dirige contra el Banco de España.
