Es inevitable -o lo parece-: obra pública que se proyecta acaba costando mucho más de lo presupuestado. Son los famosos sobrecostes. Pero ¿en realidad son inevitables? La respuesta es no. Depende de los gestores, fundamentalmente, y también de un buen asesoramiento previo. Lo que está claro es que la ley tiene mecanismos para impedir que una obra por la que se acordó que se pagarían 100 millones acabe costando 150, por hacer una simulación. Son los contratos a precio cerrado y Feria Valencia, ahora investigada en las Corts Valencianes por unos sobrecostes del 86 % en las obras de ampliación que acometió a partir de 2001 -hasta un total de 1.027 millones que ha tenido que asumir la Generalitat-, protagonizó uno de estos casos.
Fue en la década de los noventa del siglo pasado, cuando los entonces gestores -el presidente Ramón Cerdá y el director general Alejandro Mañes- impulsaron una ampliación de las instalaciones de Benimàmet, consistente en la construcción del denominado pabellón 7 Norte C. El entonces abogado de la institución, Felipe Guardiola, aconsejó al comité ejecutivo que adjudicara las obras a través de un contrato a precio cerrado, una fórmula que evita los sobrecostes. La clave está en efectuar un proyecto de ejecución que entre al detalle de todos los elementos de la construcción -plazos, calidades, materiales, etc.-para que luego no se produzcan sorpresas. Por ejemplo, en aquel caso se hicieron informes geotécnicos sobre el terreno en el que se levantó el pabellón para conocer previamente su estructura y eludir imprevistos.
Las obras se adjudicaron a través de un concurso a la UTE formada por Cleop y Comylsa en noviembre de 1990 por un importe de 3.100 millones de pesetas (unos 18 millones de euros).
Durante la fase de construcción, se produjeron algunas incidencias y la UTE pidió en varias ocasiones a la Feria que firmara modificaciones presupuestarias. Asesorada por Guardiola, la institución siempre se negó. Entonces, ya terminado el pabellón, Comylsa, en beneficio de la Unión Temporal de Empresas, presentó una demanda contra Feria Muestrario Internacional de Valencia para reclamarle 500 millones de pesetas (3 millones de euros) por sobrecostes en las obras.
La reacción de la empresa fue presentar una demanda reconvencional, que supone no solo estar en desacuerdo sino reclamar una indemnización al demandante. Tras pedir un informe pericial, la ingeniería que había hecho la obra -la de Agustín Díaz Cisneros- concluyó que era pertinente exigir una compensación al haberse detectado penalizaciones en el contrato por cada día de retraso en la entrega y por diversos desperfectos en la ejecución. En total 61,7 millones de pesetas (370.000 euros), de los cuales 10 correspondían a la demora temporal.
Feria Valencia salió triunfadora. El juzgado de primera instancia desestimó en 1995 la demanda de la UTE, que en enero de 2001 fue condenada a indemnizar a la institución ferial con la citada cantidad. Fuentes de la entidad aseguraron a este diario que los mencionados 370.000 euros le fueron abonados en su momento.
Tantos años más tarde, Guardiola aseguró a este diario que los sobrecostes en las obras son terreno abonado para la corrupción y que, si los gestores quieren eludirlos, el derecho administrativo les brinda la opción del contrato a precio cerrado, que los evita si está realizado con precisión.
