Hacienda ha intensificado los controles contra el fraude fiscal en los apartamentos turísticos urbanos y de playa en la Comunitat Valenciana, según confirmaron a Levante-EMV fuentes de la Agencia Tributaria. El objetivo de Hacienda es que los dueños se pongan al día y declaren los ingresos de los ejercicios no prescritos (los últimos cuatro). Si son particulares se trata del IRPF e incluso puede afectar al impuesto de patrimonio. Y sin son personas jurídicas, el de sociedades. El fisco ha incrementado los controles tras comprobar el boom que se ha producido en ciudades como València con este tipo de viviendas. Los hoteleros calculan que solo en València hay más de 4.000 apartamentos ilegales.
Según fuentes del sector inmobiliario, el rendimiento neto que obtienen los particulares que recurren a estos ingresos extra puede llegar a veinte mil euros. Unión Hotelera ha comprobado tras un exhaustivo análisis que en la ciudad de València las plataformas Airbnb y Homeaway tienen al menos 4.604 plazas «correspondientes a viviendas que se encuentran en el mercado sin estar dadas de alta e inscritas en el registro de apartamentos turísticos de la Generalitat Valenciana y sin cumplir la normativa vigente».
España es el tercer mercado más importante de Airbnb con más de 57.000 propiedades en su oferta de alquileres. A pesar del volumen de negocio, a día de hoy no es posible acudir a registros públicos o estadísticas oficiales que permitan cuantificar de modo objetivo la realidad de la oferta de viviendas de alquiler para uso turístico en la Comunitat Valenciana.
Los apartamentos de playa llevan años bajo el foco de la Agencia Tributaria. Los inspectores hacen todos los veranos inspecciones in situ para comprobar si los propietarios de los apartamentos declaran el alquiler. Ahora han extendido el control a los inmuebles urbanos ante la proliferación actual.
En algunos casos, los dueños han constituido sociedades y han convertido esta actividad extra en una explotación industrial a través de Airbnb y otras plataformas de internet que perciben comisiones de entre el 9% y el 12% y con esquemas fiscales difíciles de combatir por el fisco.
«Economía colaborativa»
El principal argumento que emplea Airbnb y otras plataformas para defender que practica economía colaborativa es que la gran mayoría de sus anfitriones (el 56 %) alquila su primera vivienda. Sin embargo, un informe de la inmobiliaria Fotocasa desmonta esta justificación ya que solo el 14 % de los propietarios alquila la vivienda en la que habita. El informe confirma la denuncia de Unión Hotelera de que este tipo de plataformas que dan cobijo a apartamentos ilegales «son un negocio puro y duro».
Los propietarios de los inmuebles que alquilan de forma alegal los apartamentos en las plataformas de internet se enfrentan al pago de multas por no declarar el alquiler y a revisiones del IRPF por las desgravaciones irregulares por vivienda habitual que en realidad son segunda residencia.
