La continuidad de Lafarge en Sagunt superó ayer el gran obstáculo planteado desde el ayuntamiento, cuando el pleno, gracias a la división del gobierno local, dio por bueno el borrador de la resolución de la Conselleria de Medio Ambiente que prorroga la concesión de la cementera en la cantera del Salt del Llop hasta 2042, permiso que se agotaba a finales de este año.
Mientras los trabajadores de la multinacional celebraron la votación como un gran triunfo, este conflicto todavía no está resuelto definitivamente, ya que, cuando el departamento autonómico ratifique su pronunciamiento sin discrepancias municipales, se abrirá el plazo de un mes para presentar un recurso de alzada. Este paso agotará la vía administrativa y dará pie a la judicial, que varias voces coinciden en que será la que tenga que zanjar este asunto.
Antes del tenso debate político, con reproches entre miembros del cuatripartito de gobierno, tanto vecinos de la cantera como trabajadores de Lafarge tomaron la palabra. Los primeros criticaron a los grupos que «permiten un uso arbitrario del patrimonio natural», mientras que los segundos reivindicaron que, «como ya sabíamos, cuando este asunto saliera de las manos del ayuntamiento se resolvería sin dilación, como así ha sido».
El presidente del comité de empresa, Félix Vélez de Guevara, insistió en que «todos los argumentos en contra de la concesión esgrimidos por el ayuntamiento han sido rebatidos por la Generalitat y hay que agradecer a la parte de Compromís de la Conselleria de Medio Ambiente por su trabajo serio y profesional, sin dejarse influenciar».
El representante de los trabajadores de la cementera también tuvo palabras para «el otro Compromís», en referencia al grupo municipal, personificadas en la concejala y diputada autonómica Teresa Garcia, quien «cree saber más que cualquiera, se queda tan a gusto cuando llama delincuente a Julià Álvaro -secretario autonómico de Medio Ambiente- y divide a los técnicos entre los de primera, que son los que practican su religión, y los de segunda, que son unos delincuentes».
La nacionalista, por su parte, reprochó la abstención de EU, su socio de gobierno, por convertirse en «un sí a la infracción urbanística cometida por Lafarge, que puede significar un delito ecológico, y al incumplimiento de la concesión, que puede desembocar en prevaricación». El alcalde también de Compromís, Quico Fernández, cerró el debate con la defensa a «nuestra postura basada en la certeza jurídica y la objetividad de los técnicos municipales, que son los que dicen que el patrimonio municipal está siendo expoliado. Los políticos valientes -sentenció- son los que defienden el interés general contra viento y marea».
Abstenciones
Pese a estos argumentos, sólo ADN Morvedre, la marca local de Podemos, votó a favor del dictamen municipal contra el pronunciamiento de Medio Ambiente, ya que tanto EU como PSPV, también en el gobierno, se abstuvieron, mientras que la oposición en bloque (PP, Iniciativa Porteña y Cs) defendieron que «es el momento de zanjar este asunto y mirar para el futuro».
