Pequeños accionistas y tenedores de deuda del Banco Popular que perdieron su inversión tras la resolución de la entidad afinan sus estrategias para recuperar sus ahorros con el apoyo de despachos de abogados y asociaciones, que optan por la conjunción de hasta cuatro vías judiciales. Además de preparar una batería de demandas civiles, denuncias y querellas penales contra los administradores del Popular y recursos contenciosos-administrativos contra el FROB, los afectados reclamarán a Europa por la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de avalar la venta como forma de proteger a los depositantes.
El asociado de litigación bancaria del bufete Jausas, Pablo Franquet, destaca a Efe la complejidad del escenario en el que se encuentran los 300.000 accionistas de la entidad, para los que «no hay un camino único sino diversas alternativas a medida», dependiendo de si son «accionistas históricos, compradores del mercado secundario o gente que acudió a la ampliación de capital».
Franquet sitúa a este último grupo en una situación similar a la salida a Bolsa de Bankia pues el Popular «hizo un folleto ofreciendo una imagen de que captando 2.500 millones de euros más se iba a conseguir una solidez que poco después se vio que no era».
Ello permitiría iniciar acciones por error en el consentimiento similares a las interpuestas por otros servicios comercializados sin información veraz o suficiente, como las preferentes de Caja Madrid.
Un camino diferente ofrece para quienes compraron acciones directamente en Bolsa -y no a través de las sucursales de la entidad-, que disponen, durante un año, de una acción de responsabilidad extracontractual contra el Popular por el daño económico causado con información que no reflejaba la realidad. No obstante, Franquet enfatiza en que el foco para algunos accionistas que quieren recuperar su dinero está en el Santander, que el pasado 7 de junio asumió la entidad por un euro a instancias del FROB y la JUR.
