La sociedad de estiba del Puerto de València ha comunicado que los estibadores del Puerto de València secundarán la convocatoria europea realizada por el sindicat internacional IDC de dos horas paro prevista para este jueves entre las 13.00 y las 14.00 horas y las 19.00 y las 20.00 horas.

Esta convocatoria se produce mientras se vuelven a reunir los sindicatos españoles, controlados por Coordinadora de Trabajadores del Mar, con la patronal Anesco para negociar un acuerdo de mínimos sobre el futuro del sector tras el Decreto del Gobierno. Las centrales sí han desconvocado los paros previstos durante esta semana.

Mientras tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará sentencia el próximo 13 de julio sobre el incumplimiento de España en el asunto de la estiba, según informarona Efe fuentes del propio tribunal.

La sanción de la Comisión Europea al Reino de España „no así a los puertos„ incluye una partida doble: por un lado la suma resultante de multiplicar 27.522 euros diarios de infracción desde que se dictó la sentencia (es decir, 15,6 millones de euros), y por otra, el recargo o «multa coercitiva» por importe de 134.107,2 euros durante cada día de retraso en la aplicación de la resolución del Ejecutivo de la UE, publicada el pasado 13 de julio de 2016.

La Comisión Europea pidió una multa a España de 27.522 euros por cada día que pasara sin adaptar su legislación sobre el sector de la estiba desde que se produjo la primera sentencia, el 11 de diciembre de 2014, hasta la adopción definitiva de las medidas.

De esa manera, España acumula una multa superior a 24 millones de euros.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 18 de mayo la reforma del sector de la estiba para cumplir con la legislación europea, y la CE abrió la puerta a "congelar" el procedimiento de infracción abierto contra España en el TJUE.

El caso se remonta a septiembre de 2012, cuando la Comisión dio un ultimátum a España para modificar el régimen de contratación de estibadores al considerar que la normativa incumple el principio de libre establecimiento de las empresas.

Al no hacerlo, trasladó el caso a los jueces europeos, que ya condenaron a España en diciembre de 2014 por no hacer esos cambios.

Monopolio en el sector

La Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal por incumplimiento de la sentencia que declaró ilegal la norma que impide a las empresas estibadoras que operan en varios puertos españoles (entre ellos Barcelona, Valencia, Algeciras y Bilbao) contratar a sus trabajadores en el mercado y les obliga a hacerlo a través de empresas de gestión de personal, en cuyo capital deben participar. El sistema portuario español aglutina a 7.000 estibadores, de los que 1.400 son empleados fijos en el puerto de Valencia, que también dispone de una bolsa de eventuales con unos 300 trabajadores.