29 de junio de 2017
29.06.2017

Caixa Popular y otras 12 rurales valencianas buscan integrarse forzadas por el Gobierno

El decreto del Ejecutivo las obliga a decantarse por uno de los dos tipos de SIP fijados para evitar las penalizaciones incluidas

04.07.2017 | 21:02
Eduardo Baamonde y Rosendo Ortí.

Los SIP están de vuelta. Aquella figura –Sistema Institucional de Protección– que sirvió en los inicios de la crisis para favorecer la concentración de las cajas de ahorros antes de su conversión en bancos regresa al primer plano financiero, en este caso para propiciar una menor atomización en las cooperativas de crédito. A las trece de la Comunitat Valenciana que siguen independientes no les va a quedar otro remedio que decantarse por las fórmulas de integración establecidas, según coinciden las fuentes consultadas, y alguna de ellas ya se muestra abiertamente a favor de una de estas fórmulas.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el esperado real decreto-ley que regula a este sector y que tiene como objetivos fortalecer a estas entidades y, sobre todo, evitar que los contribuyentes tengan que asumir los problemas que pueda padecer alguna de ellas. Para conseguirlo, establece dos figuras de SIP, ahora denominados Mecanismo Institucional de Protección (MIP). Uno de ellos es el reforzado, en el que sus integrantes mutualizan al 100 % los beneficios y riesgos y que cuenta con una entidad cabecera que dirige prácticamente todas las decisiones estratégicas del grupo. Es un modelo ya existente. Por un lado, está Solventia, integrado por cinco rurales andaluzas y la extremeña de Almendralejo, y, por el otro, Cajamar, la entidad con sede en Almería de cuyo grupo forman parte casi dos decenas de cooperativas valencianas. El otro MIP es el normativo, donde no se mutualizan resultados ni riesgos y en el que tiene que constituirse un fondo privado a utilizar si lo necesita alguno de los socios de la alianza.

El Gobierno no obliga a las entidades a incorporarse a uno de estos sistemas, pero establece una serie de incentivos y penalizaciones en el citado real decreto-ley que hace muy difícil que entidades de tan pequeño tamaño como las cooperativas puedan seguir en solitario. Rosendo Ortí, director general de Caixa Popular, la mayor de la Comunitat Valenciana tras la Central de Orihuela, se mostró ayer partidario de incorporarse a uno de estos MIP y explicó que hacerlo tiene una serie de ventajas, entre las cuales citó la menor exigencia de capital y el hecho de tener que contribuir con menos dinero al Fondo de Garantía de Depósitos. A la inversa, esos beneficios se convierten en losas para la entidad que no se integre en un MIP. Ortí explicó que la filosofía del MIP normativo es «adecuada a lo que defendemos en la Asociación Española de Cajas Rurales, donde nadie quiere dejar de ser lo que es y donde abogamos por una mayor cobertura desde la total independencia», una opción que el reforzado no permite, en su opinión, porque mutualiza beneficios y pérdidas. Así que Caixa Popular defenderá la constitución de un MIP normativo en el seno de la citada asociación «si esta lo plantea».

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