Las organizaciones de la cadena de valor agroalimentaria, hostelería y restauración han remitido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un informe sobre el impuesto autonómico sobre las bebidas azucaradas aprobada en Cataluña el pasado mes mayo para instarle a que presente un recurso de inconstitucionalidad.
Según el estudio sobre la constitucionalidad del impuesto, elaborado por Uría Ménendez, esta medida no es conforme con las exigencias y limitaciones del principio de territorialidad fiscal o tributaria y establece una serie de desincentivos a la deslocalización de empresas de distribución.
Además, presenta similitudes con el IVA por lo que vulnera la prohibición de equivalencia o de doble imposición. El estudio también advierte de que este tributo afecta a la seguridad jurídica, conculca el principio de igualdad y no discriminación y es contrario al principio de capacidad.
Las organizaciones firmantes, Asaja, Coag, UPA, Cooperativas Agroalimentarias Fiab, Promarca, Aecoc, Anged, Asedas, Aces, FEHR y Marcas de Restauración, representan tanto a la cadena agroalimentaria (sector primario, industria transformadora y la distribución) como a la hostelería y restauración.
Grandes compñáias del sctor de refrescos como Coca-Cola Iberia considera «discriminatorio» el impuesto del azúcar de Cataluña.
