30 de junio de 2017
30.06.2017

La juez de los ERE de Andalucía imputa a la mano derecha de Zaplana en Trabajo

La magistrada abre diligencias por unas subvenciones en la minería de Huelva contra 25 personas - De Miguel trabaja ahora en la Cámara

30.06.2017 | 04:15

La juez María Núñez Bolaños ha abierto diligencias por el ERE de la Faja Pirítica de Huelva de 2003 y ha imputado a 25 personas, entre ellas la ex secretaria general de Empleo con Eduardo Zaplana, ex directora general del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) y actual empleada en la Cámara de Comercio de València, Carmen de Miguel. También están imputados Soledad Córdova, directora de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2003, cuando este departamento lo dirigía el expresidente de la Generalitat, seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía, 10 sindicalistas, dos mediadores y cinco trabajadores.

En un auto notificado ayer, la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla abre diligencias por el ERE aprobado por la crisis minera. La juez considera que los imputados cometieron los delitos de malversación y prevaricación, y precisa que en este ERE hubo pólizas para trabajadores que no habían trabajado en la Faja Pirítica –intrusos–, que se falsearon edades para que pudieran cobrar y que se destinó dinero de las pólizas de los trabajadores a «fines distintos». La investigación se centra en las subvenciones de más de 40 millones de euros concedidos desde el Ministerio de Trabajo y desde la Junta de Andalucía a cinco minerías de la Faja Pirítica de Huelva: Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis –Bolsa de Tharsis e Insersa– y Minas Río Tinto. Los ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex directores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, están imputados «por conocer, permitir e impulsar la concesión de fondos públicos de manera arbitraria careciendo del procedimiento legalmente establecido, lo que permitió que terceras personas se lucraran de manera indebida de fondos públicos».

Además, la juez señala indicios del delito de malversación en las actuaciones de los mediadores José González Mata, de Uniter, por recibir sobrecomisiones; y del abogado Carlos Leal Bonmati por presentar ante la Dirección General de Trabajo de la Junta «una solicitud de ayudas sociolaborales para individuos a los que no les correspondían dichas subvenciones».

A las ex altos cargos del Ministerio de Trabajo De Miguel y Córdova se les va a investigar por prevaricación y malversación al apreciar la juez que permitieron «la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones». La juez también investigará el papel jugado en la contratación de las pólizas de prejubilación por la asociación constituida a estos efectos por los extrabajadores afectados, a través de sus representantes sindicales.

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