El Ministerio de Hacienda, tras años de espera y denuncias del sector hotelero, ha comenzado a presionar a las grandes tecnológicas que comercializan viviendas turísticas, muchas de ellas no regladas. El departamento de Cristóbal Montoro ha sacado a información pública el proyecto de decreto para modificar el reglamento general de las actuaciones de gestión tributaria. Y el cambio más importante en lo que a los pisos turísticos se refiere es que, con el fin de «prevenir el fraude fiscal», habrá una obligación para las plataformas como Airbnb o Homeaway de facilitar la información sobre los propietarios de las viviendas que se alquilan, en un modelo de negocio que los hoteleros tildan de competencia desleal.
En concreto, estos gigantes tecnológicos tendrán que identificar ante la Agencia Tributaria al titular de la vivienda alquilada con fines turísticos y a la persona que, efectivamente, pone la propiedad en alquiler, con nombre y apellidos, razón social o denominación completa y número de identificación fiscal. Además, deberán aportar la referencia catastral del inmueble, el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos y el importe cobrado por el servicio.
De sustanciarse este cambio legal que hasta el 21 de julio está sometido a consulta pública, el Estado da un paso que puede moderar algunos de los aspectos más criticados en la convivencia entre modelos de alojamiento. De momento, obligaría a las plataformas a situar bajo el radar tributario a toda la economía sumergida que pueda darse dentro de esta actividad. Ayer, en todo caso, una de las mayores plataformas, Homeaway, ya advirtió de que duda de que Hacienda tenga competencias para reclamar esta información, en virtud de la normativa europea de protección de datos. Se prevé resistencia.
Para el sector hotelero, la noticia es un auténtico alivio. Entienden que puede empezar a corregirse la diferencia entre cargas fiscales que permiten a estos alojamientos particulares ofrecer al mercado precios imbatibles. «Saludamos con mucha alegría el anuncio: ya era hora tras muchos años denunciando la economía sumergida. El Estado empieza a hacer sus deberes», explica Nuria Montes, de la patronal hotelera de la Costa Blanca Hosbec. Pero, en su opinión, no es suficiente: «No es solo el IRPF. Se trata de una actividad económica y, por tanto, debe estar sometida al IVA como nosotros», sostiene, además de citar todas las inspecciones, normativas de seguridad etc, que soporta el sector.
Hasta ahora, Hacienda se había limitado a informar a los contribuyentes de la obligación de declarar estos ingresos. El pasado año dio un toque de atención a 21.500 contribuyentes. Ahora quiere ir más allás. Lo tiene fácil, en realidad, ya que la mediación de internet garantiza la trazabilidad y la fiscalización de estas actividades.
«Es un primer paso de lo que hay que hacer para ordenar el sector, pero soy escéptico de que se pueda frenar el auge, cierto descontrol y molestias de los pisos turísticos solo con esta medida fiscal», explica Alberto Aznar, abogado experto en economía colaborativa. En su opinión, la medida debe ir acompañada de otras vías de colaboración entre la administración y las plataformas, como la eliminación de los pisos no registrados de la oferta de las web.
La Generalitat lleva tiempo en esta pelea. La AVT ha multado a siete plataformas como Airbnb pero todas han recurrido por diferentes vías. Eso sí, cuatro plataformas -Booking, Only-apartaments, Muchosol y Fotoalquiler- han regularizado su operativa.
