El conseller de Economía, Rafa Climent, aseguró ayer que la Institución Ferial Alicantina (IFA) está «sin un euro» después de que SUMA (dependiente de la Diputación de Alicante) haya pedido el embargo por la deuda que mantiene la feria, de 800.000 euros, por impago del IBI al Ayuntamiento de Elx, cuando se había llegado a un acuerdo para ir pagándolo en los próximos ocho años, a razón de 100.000 euros anuales.

Así lo señaló en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell el conseller, que explicó que el agujero global del recinto ferial es de 70 millones de euros, que «no es comparable a Feria Valencia pero es también importante», y ha habido negociaciones para que esa deuda pudiera ser asumida por la Generalitat. De hecho, en la última reunión del comité de dirección de la entidad ferial, la administración autonómica se comprometió a hacerse cargo de toda la deuda, tal como también va a hacer con Feria Valencia.

No obstante, Climent precisó que IFA tiene también otras deudas, como los 800.000 euros por el IBI con el Ayuntamiento de Elx, por lo que se negoció con el consistorio y también con SUMA -entidad pública dependiente de la diputación que se encarga de la gestión de tributos- para prorratear el pago en ocho años. «Pero alguien ha apretado un botón y ha hecho posible que IFA se quede sin un euro, porque nos han embargado 375.000 euros», dijo, lo que supone la imposibilidad de pagar sueldos o seguir trabajando en el día a día del recinto ferial.

Además, esta decisión ha desencadenado que, al tiempo, el arquitecto valenciano José María Tomás Llavador, que realizó unos proyectos para ampliar la feria que no se desarrollaron y que tiene ganada una sentencia al Consell -con quien se había negociado el pago vía FLA-, también haya pedido el embargo, lo que coloca las cuentas de IFA «en menos cero». En este caso, la cantidad a pagar es de 1,8 millones de euros, a lo que se sumarían las costas y los intereses. La cúpula de la institución ferial recibió ayer mismo la notificación del auto del juzgado de Instrucción número 2 de Elx, en el que le da diez días de plazo para cumplir con la condena.

«Tenemos un problema, la situación es complicada», reconoció el responsable de Economía, que indicó que IFA es un consorcio y como tal se debe considerar patrimonio público, con lo que debería ser inembargable. «Vamos a ver si en estos días somos capaces de que nos devuelvan lo embargado y marcamos la hoja de ruta clara para solucionar el tema IFA lo antes posible», agregó.

Un error

Preguntado sobre quién ha apretado ese botón para el embargo, señaló que quien pide ejecutarlo es SUMA y aunque resaltó que quieren pensar que ha sido «un error» y no existe «mala intención por parte de nadie», admitió su sorpresa en tanto se estaba negociando con todos para solucionar la cuestión. «Y de repente nos vienen con el embargo, me gustaría dejarlo a la reflexión. Pensamos que puede ser un error o a lo mejor no, porque presentamos muchas alegaciones al tema y se mantiene el error», agregó. Por ello, pidió a la Diputación y al Ayuntamiento de Elx que reflexionen y piensen si realmente creen que IFA es «un elemento dinamizador de la economía» para poder llegar a una fórmula que levante el embargo.